Silvia Levín [*]
Introducción
El proceso de globalización, que atraviesa en la actualidad a todos los países del mundo, se manifiesta en Argentina a partir de cambios significativos producidos en el orden económico, político, social y cultural. Las transformaciones en torno al modelo de crecimiento y distribución social modifican sustancialmente la lógica de funcionamiento impuesta por el modelo intervencionista que estuvo vigente en nuestro país hasta la década de los 80′. La privatización, la desregulación, la apertura de la economía, el desarrollo tecnológico, la descentralización, los ajustes fiscales, la focalización, constituyen los ejes principales en torno a los cuales se estructuran los cambios. La estabilidad monetaria, acompañada de aumentos en los niveles de producción e ingresos de capitales, aparecen como los resultados más significativos de este proceso.
En este marco, nuestro trabajo apunta a analizar las transformaciones que se han producido en la ciudadanía social argentina en el nuevo escenario que se instala a partir de los años 80′. Se observa así, una secuencia de cambios que oscila entre dos polos: por un lado, una interrupción en el proceso de construcción de la ciudadanía social que afecta particularmente a sectores excluídos del sistema o bien próximos a su caída y por otro, una ampliación en el campo de los derechos sociales para aquellos sectores incluídos, es decir que lograron incorporarse al nuevo escenario del bienestar social- generado por el mercado- beneficiándose de las nuevas reglas de juego.
La ciudadanía social a fines del siglo XX parece, entonces, escindirse ante la emergencia de «dos argentinas para el siglo XXI»: la de los incluídos frente a la de los excluídos. La de quienes reclaman la vigencia de los derechos sociales básicos, frente a quienes exigen el reconocimiento y ejercicio de los llamados derechos de la tercera y cuarta generación. Así, como señala Dahrendorf [1], una primera visión del conflicto social moderno aparece con las antinomias: el crecimiento económico y social frente a un crecimiento de la pobreza; las necesidades de innovación y de cambio compitiendo con las demandas de justicia.
El eje de reflexión lo constituye la idea de integración social. Las políticas sociales y los derechos sociales conforman, en este escenario, elementos fundamentales en la intermediación de la construcción del orden social. En este sentido, la relación existente entre «titularidades» y «provisiones», en el lenguaje de Ralf Dahrendorf, parece decisiva en tanto determina el contenido de uno u otro modelo de ciudadanía social, a la vez que expresa las dimensiones del conflicto.
1. El escenario de la nueva cuestión social
El interrogante que inmediatamente surge es ¿qué efectos producen en el interior de la sociedad estas transformaciones? Los últimos datos sobre pobreza y empleo del Banco Mundial y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos(INDEC) [2] respectivamente, reflejan las repercusiones sociales de este proceso instalando, de manera definitiva, en el debate nacional la cuestión social. Más del 36% de la población de nuestro país (13,4 millones de personas) se encuentra bajo la línea de pobreza, mientras que el 8,6% (3,2 millones de personas) viven en la indigencia según datos del año 1998. En las regiones del noroeste, nordeste y Cuyo la pobreza supera al 50% de la población y la indigencia alcanza al 20%. Asimismo, los datos sobre desempleo, que alcanzan a un 14% de la población económicamente activa, resultan muy significativos en tanto que sumados a las situaciones de desocupación encubierta, subocupación y reducción del número de empleos, constituyen las expresiones más relevantes de inestabilidad laboral, lo cual traducido en cifras afecta a más del 30% de la población económicamente activa de nuestro país.
Las últimas estadísticas nos permiten dar cuenta de una situación más global, que no se agota con el desempleo sino que la comprende y es el de la precarización de las relaciones de trabajo y de la protección social, que se traduce en definitiva en una precarización de las relaciones sociales, en un deterioro de la ciudadanía social. Si bien las estadísticas evidencian una leve mejoría en los primeros años de esta década, debido a los efectos inmediatos de la estabilización macroeconómica, la aparición de rasgos de una nueva pobreza, -vinculados a procesos de empobrecimiento de la población- y la falta de perspectivas de inserción productiva restringen toda posibilidad de movilidad social y empiezan a revertir aquéllos primeros indicios alentadores.
El progresivo empobrecimiento de determinados sectores sociales aparece como inevitable, frente al progresivo enriquecimiento de quienes se encuentran mejor posicionados acorde a las nuevas reglas del escenario actual. Por otra parte, esta brecha tan pronunciada entre quienes se encuentran al margen de la sociedad -o en situaciones inestables o vulnerables- y quienes están dentro se pone de manifiesto cuando se analizan, en forma desagregada, los datos estadísticos los que permiten dar cuenta que los nuevos fenómenos que nos atraviesan no afectan de la misma manera a todos los sectores sociales.
Del relevamiento realizado por el INDEC se deduce: 1) que en los hogares más pobres habitan casi el doble de personas (en promedio, cinco por vivienda) que en los hogares de ingresos medios; 2)que los ingresos de los hogares medios superan unas seis veces en promedio los recursos disponibles en los hogares pobres; 3)la tasa de desocupación en los sectores más bajos (pobres y medio-bajo)supera el 40%, mientras que en los sectores medio-alto y alto es del 3%; 4)por cada hogar pobre existen tres personas que no tienen actividad, mientras que en los hogares de ingresos medios, hay sólo una persona inactiva.
Una vez más la disociación entre lo económico y lo social queda reflejada a través de estas desigualdades, las que encierran en su interior la tensión entre eficacia y equidad. Es esta misma tensión la que debilita los componentes centrales a partir de los cuales se construye la ciudadanía social y condiciona sus alcances. Si bien la desigualdad en la protección social es una de las características íntrínsecas a la génesis y desarrollo de la política social argentina por su alto grado de estratificación y fragmentación social [3] , los matices que presenta en la actualidad le otorgan un alcance diferente.
2. Ciudadanía y derechos
La ciudadanía social puede ser definida, a nuestro modo de ver, como un vínculo de integración social que se construye a partir del acceso a los derechos sociales siempre cambiantes en una comunidad. Esta conceptualización nos permite señalar en su interior tres elementos que merecen algunas consideraciones puntuales. En primer lugar, la referencia a vínculo de integración social induce a la reflexión acerca de la noción de ciudadanía como marco de contención social y de desarrollo de las potencialidades humanas. En segundo lugar, la posibilidad de acceso a los derechos sociales nos permite distinguir el reconocimiento del derecho, como relación social, del ejercicio efectivo de ese derecho en los ámbitos necesarios para experimentarlos. Por último, consideramos [4] que la ciudadanía constituye una categoría histórica que evoluciona en el mundo de la vida cotidiana y que con el transcurso del tiempo va asumiendo distintos contenidos. La movilidad en su agenda temática está evidentemente vinculada al avance o retroceso experimentado en el campo de los derechos sociales y de la política social.
Los derechos sociales constituyen el ingrediente fundamental en la construcción y desarrollo de la ciudadanía, en la medida que le asignan contenido. Se presentan, como relaciones sociales cambiantes que se construyen como resultado de la interacción entre participación social e intervención del Estado.
No obstante, los derechos sociales reclaman no sólo los civiles y políticos, sino también los derechos humanos. En este marco, los derechos sociales -denominados de 2da. generación- surgen en el intento de asegurar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos individuales -de primera generación- garantizando el acceso a los medios de vida y de trabajo en sentido amplio. Otorgan la posibilidad de participar del bienestar social, entendido como bienes que se incorporan a través de un proceso colectivo y se van acumulando en el tiempo. Por ello, como se ha señalado [5], los derechos de segunda generación previstos en el Estado de bienestar son derechos de crédito del individuo en relación con la colectividad, como son: el derecho al trabajo, a la salud, a la educación. Contribuyen a atenuar o eliminar los impedimentos al pleno uso de las capacidades humanas. El titular de estos derechos es el hombre en su individualidad. Tienen como sujeto pasivo al Estado porque en la interacción entre gobernantes y gobernados, la colectividad asumió la responsabilidad de atenderlos.
Las técnicas jurídicas que conducen al goce de los derechos son diferenciadas para cada generación, el respeto de los derechos sociales depende del Estado y requiere que las normas jurídicas desempeñen un papel de promoción de los individuos en la sociedad a través de la ampliación de los servicios públicos [6]. Estos derechos que se expresan en el plano jurídico por la exigencia de solidaridad, constituyen una idea de razón que trasciende los límites prácticos del conocimiento para detenerse en el problema de la desigualdad.
Uno de los problemas centrales en torno al cual se dirime el alcance de la ciudadanía social es el de la relación entre el reconocimiento del derecho y su efectivo acceso. En este sentido, Amartya Sen incorpora el concepto de «titularidades» que expresan una relación entre las personas y los bienes de consumo, mediante la cual se legitima el acceso y control de ellos. Es decir, las titularidades conceden a las personas una pretensión legítima hacia las cosas [7]. Otorgan capacidad para disponer de las cosas a través de los medios legales disponibles en la sociedad. No se trata, por tanto, de una capacidad personal, sino que está estructurada socialmente a través de las leyes que le otorgan un cierto grado de permanencia. Por ello, las titularidades están siempre en la naturaleza de los derechos. Los derechos básicos constituyen titularidades, incluyen derechos garantizados constitucionalmente por el hecho de ser miembros de una sociedad. En este contexto se inscriben los derechos de ciudadanía. La ciudadanía es, señala el autor, un conjunto de titularidades.
Las titularidades permiten acceder a bienes materiales o inmateriales denominados por Dahrendorf «provisiones». Las provisiones, entonces, constituyen opciones en cuanto al objeto a elegir. Son cosas que pueden crecer o disminuir. La revolución industrial, se advierte, fue una revolución de provisiones, la francesa fue una revolución de titularidades. De la relación que exista entre titularidades y provisiones depende el desarrollo que adquiera la ciudadanía de un país. El concepto de oportunidades vitales, en tanto opciones, parece reunir a ambos conceptos.
Podríamos concluir, que en nuestro país el derecho al trabajo, como titularidad, constituye la puerta de acceso al sistema de protección social y de adquisición de bienes y servicios (provisiones) regulado legalmente. Hasta no hace mucho tiempo, el orden contractual del empleo asalariado estaba rodeado y atravesado por regulaciones colectivas garantizadas por la ley y conformadas por dos ramas diferentes y a la vez complementarias como son el derecho al trabajo y a la protección social [8] . La relación entre titularidades y provisiones adquiere mayor o menor intensidad en función del comportamiento y regulación legal del trabajo.
La flexibilidad laboral, resulta sumamente ilustrativa de esta situación en tanto nos permite dar cuenta de un doble proceso: por un lado, se ha producido un debilitamiento de las titularidades en tanto se ha reducido, a través de medios legales, la capacidad de las personas de ejercer el derecho al trabajo. Esto es, se le ha restado legitimidad a la pretensión. Por otro lado, como consecuencia de ello, se ha deteriorado notablemente el equilibrio de la relación entre titularidades y provisiones: así se observan situaciones que van desde la precarización de las relaciones laborales y sociales en donde se evidencia un distanciamiento entre ambos elementos provocando inestabilidad laboral y social manifiestas; hasta el desempleo que interrumpe o quiebra el nexo entre titularidades y provisiones provocando la exclusión social.
3. La ciudadanía social del Siglo XX
Los derechos crédito, definieron un modelo de ciudadanía social que alcanzó su máxima expresión con los estados intervencionistas. En nuestro país, durante el período denominado de maduración de la política social, entre 1946 y 1953, se desarrolla una red de instituciones de protección social con el alcance de derechos sociales que reconocen al trabajador como actor fundamental. El sujeto de los derechos sociales fue, en este modelo, el «trabajador formal». En ésta categoría quedan adscriptos los derechos sociales en nuestro país.
Se definió así, un perfil de ciudadanía social que si bien no tuvo un carácter universalista, logró articular un importante vínculo de integración social que funcionó como marco de contención social y a la vez de legitimación política del modelo vigente. Este proceso dió lugar a la consumación de los trabajadores como categoría social con derechos específicos, ampliando notablemente su base social, abarcando y dando identidad a un abanico de categorías ocupacionales que superaron la del «obrero industrial» para quedar comprendidas en la de «asalariado formal» [9] . Se construyó entonces, lo que se denomina una estructura asalariada que logra identificar y asociar el trabajo asalariado a una red de protecciones sociales con base jurídica.
Esta modalidad de actuación pública, de la cual fue testigo el siglo XX, que se sostiene sobre la base de una relación particular entre Estado y sociedad a partir de la cual las esferas económica y social fueron objeto de regulación y protección estatal y los programas de bienestar fueron incorporados a la política del Estado como elementos constitutivos de la justicia social, comienza a manifestar, a mediados de los 70′, signos evidentes de agotamiento.
Asistimos hoy, en un contexto de globalización de la economía y de hegemonía del mercado, a una gran transformación social cuyo eje central es la precarización de las condiciones de trabajo y de la protección social que se había construído sobre bases solidarias. El trabajo, como componente principal de integración y estructuración de la vida comunitaria, parece debilitarse. Ha dejado de cumplir sus funciones esenciales, y en consecuencia la disgregación, la vulnerabilidad, la marginación y la pérdida de ciudadanía condena a vastos sectores de la sociedad.
En este marco, la integración social y la ciudadanía se encuentran en constante amenaza. La idea de integración social se estructura, siguiendo a Castel [10], en base a dos órdenes de factores: en relación al trabajo y en relación a la inserción relacional. Cualquier modificación que se produzca en cada uno de ellos o en ambos a la vez, va a incidir en la condición social de una persona, y es lo que permite diferenciar zonas o niveles de integración social. Ambos factores nos reenvían, a nuestro entender, a dos dimensiones – señaladas por diversos autores- que operan de manera combinada en la concepción de integración social: la material y la simbólica. Así, la «integración material» se vincula a la posibilidad de acceder a los bienes y servicios de consumo (inserción ocupacional) y la «integración simbólica» a la posibilidad de participar y compartir el proceso de gestación y asimilación de valores sociales (inserción relacional).
La política social, en la medida en que se constituye en el ámbito natural de configuración e implementación de los derechos sociales de ciudadanía -como señala Donati-, aparece en este escenario como el gran enigma a descifrar. De allí que el espacio de construcción de la ciudadanía social está íntimamente vinculado a las transformaciones y reestructuraciones que operan en dicho ámbito. Cualquier intento de conceptualización de la ciudadanía social nos remite sin duda a las políticas sociales, pero no sólo consideradas como instrumentos del Estado sino también como resultado de iniciativas de la sociedad civil.
La desestabilización general de las condiciones de trabajo, el desempleo, la informalización, la flexibilidad laboral, ponen en evidencia: por un lado, la dificultad de sostener el derecho al trabajo -como derecho social- y de vivenciarlo como tal al restringirse los espacios de sociabilidad (fábricas, empresas, industrias, comercios, etc.); y por otro la imposibilidad de garantizar la cohesión social en la medida que uno de los soportes escenciales de integración social está en retirada.
Se puede observar hoy una interrrupción en el proceso de construcción de la ciudadanía social del modelo universalista, que se inicia con la crisis del Estado intervencionista y se profundiza en la actualidad, que se relaciona fundamentalmente con dos procesos que corren por un mismo carril. En primer lugar, la pérdida de centralidad del trabajo como vector principal de integración social que expulsa a importantes sectores de la población a vivir en una suerte de «exilio» respecto de la sociedad y de la ciudadanía [11]. Asimismo, expone a situaciones de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta a otros que si bien aún permanecen dentro, no tienen ninguna garantía de poder conservar esa condición social.
En este sentido, la flexibilización laboral contribuye a acelerar este proceso en la medida que intenta destruir las regulaciones colectivas de trabajo, que constituyen al mismo tiempo garantías colectivas. Al decir de Castel [12], la incorporación de las convenciones colectivas al contrato de trabajo ha significado la introducción de la dimensión de solidaridad, que es al mismo tiempo la introducción de una dimensión no económica, que no es dirigida por el mercado, y que constituyó por tanto una forma de domesticación del mercado. La tendencia entonces, es hacia la reindividualización de las relaciones de trabajo, como forma de superar las regulaciones colectivas en tanto son consideradas obstáculos para el libre funcionamiento del mercado y para la eficacia económica. Las relaciones de trabajo se personalizan, funcionan con mayor autonomía y mayor margen de maniobra. Esta situación, sin embargo, puede beneficiar unicamente a los obreros calificados, que por otra parte son los menos, quienen tienen así la posibilidad de competir en el mercado de trabajo y optar por las mejores ofertas. Pero para la mayoría de los trabajadores , que son los no calificados, implica un claro retroceso en términos de derechos sociales y de protección social, en la medida en que quedan inhabilitados para competir en el nuevo escenario.
En segundo lugar, la pérdida de derechos sociales básicos resulta como consecuencia del perfil que asumen las políticas sociales en la actualidad, en donde el universalismo ha sido desplazado por la selectividad, la solidaridad por el individualismo, la equidad por la eficacia y la idea de beneficio social por la de lucro. En definitiva, frente al avance desmedido de la lógica del mercado se reconoce la necesidad de replantear el papel del Estado en el desarrollo económico y social en todo el mundo. El último Informe del Banco Mundial [13] lo señala expresamente y propone un amplio marco de referencia para abordar el problema de la eficacia del Estado a nivel mundial tratando de reducir la brecha creciente entre lo que se espera del Estado y su real capacidad de respuesta. La finalidad es . elevar el nivel de bienestar de la población ampliando la capacidad del Estado, es decir, su capacidad de emprender y promover acciones de interés colectivo en forma eficiente. . Las estrategias planteadas para concretar la finalidad propuesta son dos: 1. Acomodar la función del Estado a su capacidad y 2.Aumentar la capacidad del Estado mediante la revitalización de las instituciones públicas. El Informe señala también la forma en que los países podrían iniciar un proceso de reconstitución de la capacidad estatal. El interrogante central que está presente en éste planteo es por qué y en qué forma algunos Estados consiguen mejor que otros mantener el desarrollo, eliminar la pobreza y adaptarse al cambio.
Ciertos hechos trascentendes registrados en la economía mundial -caída de las economías dirigidas de la Unión Soviética y de Europa central y oriental; la crisis fiscal del Estado de bienestar en varios países industrializados; el papel central desempeñado por el Estado en los países del Asia Oriental; etc.- obligaron a replantear el rol del Estado en el momento actual a partir de interrogantes fundamentales: cuál debe ser su papel, qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer y cómo debe hacerlo. Según el Banco Mundial la eficacia o ineficacia de los poderes públicos es el factor determinante de los acontecimientos producidos. Desde esta perspectiva, las razones que justifican hoy la intervención del Estado derivan de las disfunciones que presenta el mercado y la necesidad de obtener mayores niveles de equidad social.
Prevalece la modalidad asistencial en el estilo de intervención que adopta el Estado a través de las políticas compensatorias o de emergencia, que absorven la mayor parte del escenario de la gestión social. Al reducirse la universalidad y los grados de cobertura de muchos programas sociales, como bien señala Sonia Draibe [14] , se van retirando del campo de los derechos sociales muchos de los beneficios, o bien, en algunos casos se privatiza la producción, la distribución o ambas formas públicas de prestación de los servicios sociales.
Una forma de expresión de aquella pérdida ha sido la reducción o desaparición de los espacios de sociabilidad gestados por las instituciones destinadas a prestar servicios sociales o a ejercitar los derechos sociales. La integración simbólica derivada de la existencia de los derechos sociales quizás no se vea inmediatamente afectada, pero lo que sí se menoscaba es la posibilidad existencial de vivenciarlos(por ejemplo, para ejercer el derecho a la salud se requiere de hospitales públicos que funcionen). Asimismo, consideramos que esta regresión operada en este perfil de ciudadanía social obedece tanto al deterioro de las funciones del Estado, como al debilitamiento de la sociedad civil. En este sentido, el proceso de desindicalización y crisis de los sindicatos contribuye a profundizar la precarización de las relaciones de trabajo.
En definitiva, estas dos manifestaciones de deterioro de la ciudadanía no hacen más que advertir que éste proceso deviene en una disolución progresiva del vínculo de integración social para importantes sectores de la sociedad. Esto es, el eslabonamiento que la dinámica social construye para garantizar la integración social (derechos sociales-políticas sociales-ciudadanía social) se quiebra en la medida que sus eslabones pierden consistencia, se desdibujan.
4. Los contornos de la ciudadanía social del siglo XXI
Este modelo de ciudadanía social, basado en el reconocimiento y acceso a derechos sociales básicos -salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo- es el que está en crisis, que obedece a nuestro entender a las razones antes expuestas y además al surgimiento de nuevos derechos. Así, se observa un proceso de multiplicación que exhiben particularmente los derechos sociales -como bien señala Bobbio [15]-, como resultado de la vinculación existente entre los derechos del hombre y de la sociedad. Se produce fundamentalmente por tres causas: 1. acrecentamiento de los bienes que merecen ser tutelados como derechos; 2. ampliación de la titularidad de derechos a sujetos distintos del hombre o la mujer en su singularidad (por ejemplo: la familia, minorías étnicas, minorías sexuales, religiosas, la humanidad, la preservación de la naturaleza, el medio ambiente, etc.); 3. consideración del hombre o la mujer en función de sus roles sociales, es decir en su especificidad y no como hombre o mujer en abstracto, esto es: como menor, como anciano, como trabajador, como enfermo, como padre, como madre, es decir en relación al sexo, a la edad, a sus condiciones físicas.
De esta manera, los llamados derechos de la tercera y cuarta generación avanzan dando contenido a la ciudadanía social del siglo XXI. Esta nueva generación de derechos, también denominados «difusos», están vinculados a demandas de calidad de vida, valoración de las diferencias, no discriminación, defensa de roles, valoración de identidades, preservación de la naturaleza y medio ambiente,etc. Tienen como titular no al individuo en su singularidad sino a grupos humanos: familia, pueblo, nación, colectividades(religiosas, étnicas, etc.) o la humnanidad.
Los procesos de consolidación de las democracias que se están viviendo en distintos países del mundo en la actualidad, van acompañados de manifestaciones abiertas de respeto y ampliación de derechos ciudadanos vinculados tanto a la creación de sujetos individuales y colectivos, como a la demanda simbólica de pertenencia anclada en identidades colectivas [16].
El nuevo perfil ciudadano reconoce cambios en diversos planos que han sido objeto de análisis por distintos autores. Así, se señala que mientras en la ciudadanía de tipo universalista o asociada al Estado de bienestar la cultura política estaba centrada en la valoración del Estado, lo colectivo, lo homogéneo, en la actualidad se pone mayor énfasis en la sociedad civil , en el individuo, en lo privado, en lo diferenciado. En este sentido, como bien señala Lechner [17], no hay aún una imagen fuerte de ciudadano como resultado de un proceso limitado de individuación. Predominan resabios de una identidad colectiva, en donde las nociones de pueblo, masas, clase, tienen mayor poder de evocación que la idea de ciudadano. Al mismo tiempo, la conciencia corporativa de derechos adquiridos, resulta más fuerte que el principio igualitario del «derecho a tener derechos» en que se sostiene la ciudadanía. No olvidemos que las instituciones del Estado de bienestar promovieron un ciudadano pasivo, dependiente del Estado, a tal punto que autores como Habermas advierten que favorecieron un retraimiento privatista de la ciudadanía y una particular «clientelización» del rol de ciudadano [18].
En términos de participación y construcción de identidades se advierte respectivamente el paso de una participación directa inducida desde arriba, a una participación surgida desde abajo; de identidades fuertes, políticas, centradas en el ciudadano trabajador a la construcción de identidades más débiles, menos políticas basadas en estilos de vida y de consumo asociadas a la idea de ciudadano consumidor, cliente [19].
Este proceso de ampliación de la ciudadanía social que nos ocupa en particular, ofrece en nuestro país ejemplos recientes sumamente significativos. El reconocimiento público, realizado por el Secretario de Seguridad Social [20], a las parejas homosexuales al reclamo y cobro de pensiones a la viudez, como así también, el derecho a la cobertura médica al compañero homosexual de un afiliado, abre un capítulo inédito en la Seguridad Social Argentina, registrando antecedentes similares sólo en países europeos. En ambos casos se realizó una interpretación amplia de las leyes que regulan las prestaciones respectivas considerando que en ninguna de las dos situaciones la legislación hace precisiones de género ni exige ningún tipo de unión formal, sino solamente se requiere: acreditar un mínimo de 5 años de convivencia con el afiliado titular y recibir un trato familiar. La posición adoptada la Secretaría de Seguridad Social en esta temática abre las puertas para que otras normas sean interpretadas en la misma dirección, priorizando la condición de ciudadano ante la condición sexual de una persona, dejando atrás los prejuicios y las discriminaciones. Asimismo, en las declaraciones vertidas por el funcionario en esta oportunidad, se señala, que es necesario que la Seguridad Social esté preparada para las nuevas situaciones sociales que se presentan tratando de acompañar, en la medida de lo posible, los cambios de época.
Por otra parte, recientes fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación [21] recocen valor económico al trabajo doméstico desempeñado por la mujer. Se trató de casos en que, ante la muerte de la mujer -aunque cumpla además tareas remuneradas fuera del hogar- se reconoce al marido el pago de una indemnización en función de los gastos que le ocasiona a la familia reemplazar el trabajo cotidiano realizado por la madre. El alcance de este reconocimiento en términos de ciudadanía resulta trascendente en un doble sentido: primero, porque en términos económicos -en caso de ser contemplado legislativamente en el ordenamiento del trabajador formal- implicaría la posibilidad de remunerar esas tareas, que hasta el momento habían sido subestimadas, aumentando los ingresos familiares para muchos hogares, considerando que en Argentina alrededor de 2,5 millones de mujeres trabajan dentro y fuera del hogar y alrededor de 7 millones son amas de casa. En segundo lugar, la mujer estaría habilitada para acceder a los derechos sociales reconocidos a todo trabajador.
En definitiva, el proceso de declinación de la ciudadanía social fundada en el Estado de bienestar parece irreversible, en tanto las políticas del Estado se reducen a la asistencia social, no produciendo efectos en la esfera de los derechos ciudadanos sino en el plano de la política, intentando controlar el conflicto social. En efecto, la asistencia social transita en el ámbito de la ayuda solidaria, del voluntarismo, de la dádiva, restando legitimidad a las demandas. Esto es, se desconocen titularidades, se debilitan capacidades de pretensión en términos legales, alejando cada vez más las posibilidades de equilibrar la relación con las provisiones. En la medida en que la gestión social quede anclada en el modelo asistencial, será cada vez más difícil responder a las necesidades desde el ámbito de los derechos.
Los excluídos de la sociedad moderna y sin posibilidades de reinsertarse en ella, no poseen los recursos de acción colectiva de que disponen los incluídos para traducir sus demandas en derechos en tanto presentan serias dificultades de organización a causa de la disgregación producida en el plano las relaciones sociales. En consecuencia, las connotaciones que adquiere la exclusión implica por un lado, privar a la población de las formas más elementales y dignas de vida humana que garantizan los derechos sociales, y por otro, cerrarles las posibilidades de acceso a la nueva etapa a la que está ingresando la humanidad. Cabe remarcar que, el ejercicio de los derechos de ciudadanía supone el reconocimiento de una cierta pertenencia comunitaria a través de la cual el individuo se va desarrollando y autodeterminando [22].
Paralelamente, el proceso de cambio que se está dando en este siglo en torno a la ampliación de la ciudadanía, se proyecta a nuevas dimensiones de posicionamiento social, que reconoce su punto de partida en los derechos sociales -denominados de la segunda generación- y avanza hacia la consolidación de nuevos derechos que operan de manera complementaria para garantizar un status de ciudadano acorde a las demandas de la época. Compartimos la idea de una ciudadanía activa, que no sólo hace referencia a la pertenencia a un Estado como organización, sino también al status que se define por los derechos y deberes de los ciudadanos.
REFERENCIAS
* Silvia Levín: Investigadora del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR). Profesora titular de Política Social II de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario(Argentina).
NOTAS:
1- Dahrendorf, Ralf, El conflicto social moderno. Ensayo sobre la política de la libertad, Biblioteca Mondadori, Grijalbo, Madrid, l993, pág. 12.
2- . Poverty and Income Distribution in Argentina, Patterns and Changes. Banco Mundial, 23 de marzo de 1999. INDEC, onda mayo 1999.
3- Avelino, Geoge y Filgueira Fernando, «Democracia, ciudadanía y políticas sociales en el Cono sur latinoamericano», en Alcántara M. y Crespo I. (editores) Los límites de la consolidación democrática en América Latina, Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1995, pág.279.
4- siguiendo a Mario Dos Santos, Seminario «Democratización y reestructuración económica en América Latina. Perspectivas comparadas», Rosario, Argentina, 1994.
5- Lafer, Celso, La reconstrucción de los derechos humanos, F.C.E., México 1994, pág. 144.
6- Lafer, Celso, ob. cit. pág. 149.
7- Dahrendorf, R. ob. cit. pág. 30.
8- Castel, Robert, «Para entrar en el siglo XXI sin liquidar el XX», Revista Debats, Nº 57/58, Edicions Alfons El Magnanim, otoño -invierno 1996, pág.67.
9- Grasi, Estela y otras, Políticas sociales. Crisis y ajuste estructural, Ed. Espacio, Buenos Aires 1994, págs. 121 y 124.
10- Castel, Robert, «La dinámica de los procesos de marginalización: de la vulnerabilidad a la exclusión», en Acevedo María José y Volnovich Carlos, Espacio Institucional I, Lugar Editorial, 199l, pág. 39.
11- Castel, Robert, La ciudad Futura, serie Documentos de Trabajo, Bs.As. junio 1996, pág.11.
12- Castel, Robert, «Metamorfosis de lo social y refundación de la solidaridad: el debate teórico», conferencia dictada en el Coloquio Internacional «Mutaciones. Metamorfosis de lo social. Refundación de la solidaridad», Bs.As. 4 y 5 de julio de 1996.
13- Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997, . El Estado en un mundo en transformación. , Banco Mundial, Washington, D.C., EE.UU, 1997, pág.1.
14- Draibe, Sonia, «Las políticas sociales y el neoliberalismo: reflexiones a partir de las experiencias latinoamericanas», en Desarrollo Económico, Nº134, Bs.As. julio-septiembre de 1994, pág. 191.
15- Bobbio, Norberto, El tiempo de los derechos, Ed. Sistema, Madrid, 1991, pág. 113.
16- Jelin, Elizabeth «La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad», en E.Jelin, E. Hershberg (compiladores) Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina, Ed. Nueva Sociedad, Venezuela, 1996, pág.120.
17- Lechner, Norbert, «¿La política debe y puede representar a lo social?», ¿Qué queda de la representación política?, Mario R. dos Santos (coord.), Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO-Argentina), Ed.Nueva Sociedad, Venezuela 1992, pág.136.
18- Habermas, Jürgen, «Ciudadanía e identidad Nacional. Consideraciones sobre el futuro europeo», Revista Debats Nº 39, Marzo 1992, Valencia, pág.11.
19- García Delgado, Daniel, «Crisis de representación, nueva ciudadanía y fragmentación en la democracia argentina», ponencia presentada al Seminario Internacional «Nuevos escenarios de construcción de la ciudadanía y la Democracia en el Cono Sur», Septiembre de 1995, Montevideo, Uruguay.
20- Clarín, 28/5/1997.
21- Clarín, 12/6/1997.
22- Calderón, Fernando G., «Gobernabilidad, competitividad e integración social», en Revista de la Cepal Nº 57, diciembre 1995, pág. 49.