Patrimonialismo y Políticas Sociales. La ciudadanía deficitaria.

Inés ROUQUAUD*

María Rosa HERRERA**

INTRODUCCIÓN

La década del ´80 inaugura la etapa democrática en Argentina, cuyo proceso posibilitó la generación de sistemas políticos que contribuyeron a la conformación de democracias deficitarias, en términos de la institucionalización de una cultura democrática.
Estos déficits se presentan tanto en el ámbito nacional como provincial, profundizándose en regiones menos desarrolladas del interior del país, con fuertes rasgos coloniales, que reproducen modos de dominación tradicional que operaron como condiciones de producción para la emergencia de regímenes de tipo patrimonialistas en algunos estados provinciales, como el caso que analizaremos de la Provincia de San Luis.
Este trabajo se propone el estudio de la política social de vivienda en el contexto del patrimonialismo sanluiseño, a través de dos dimensiones: a) objetiva, relativa a la modalidad burocrática que adopta, el esquema de financiamiento, los modos de acceso y la distribución espacial; y b) subjetiva, referida a los habitus que se internalizan, las prácticas y representaciones sociales que generan y los ritos creadores y reforzadores de mediaciones simbólicas.
Se intenta mostrar cómo ambas dimensiones se conjugan para lograr la legitimidad necesaria para la reproducción del régimen y obstruir la autopercepción del sujeto como ciudadano portador de derechos, contribuyendo a la producción de una cultura política contraria a la democracia republicana.
Finalmente, se reflexiona acerca de las posibilidades de cambio de sociedades como la estudiada, tendientes a la profundización de valores democráticos.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS

A- EL PATRIMONIALISMO

El patrimonialismo moderno, configura una categoría analítica que ha sido rescatada de las tipologías de dominación que Max Weber construyera para describir las relaciones de poder en sociedades precapitalistas, basadas en la tradición.
Un caso especial de la dominación tradicional es la patrimonial, que se da cuando existe un cuadro administrativo personal del «señor» y se denomina patrimonialismo. El que gobierna no es un «superior» sino un señor personal y su cuadro administrativo no está constituido por «funcionarios» sino por «servidores» . La designación de funcionarios es el elemento clave para transformar «a los Estados en el gobierno privado de quienes poseen el poder necesario para el ejercicio de la dominación.”
Las categorías weberianas también pueden ser útiles para analizar formas combinadas de dominación patrimonial y carismática, que le otorgan un mayor grado de complejidad a estos fenómenos culturales modernos. Los rasgos característicos de la primera son: falta de competencias fijas según reglas objetivas; jerarquía racional fija; de un sistema de nombramientos y ascensos regulados; de formación profesional; de sueldo fijo o de sueldo pagado en dinero. Existía un sistema de mantenimiento para los funcionarios domésticos y de prebendas para los que no participaban de la «mesa del señor» . Estas características se contraponen con la estructura burocrática moderna -con base en el tipo puro que el mismo autor delineara- que a través de procedimientos formalizados debe cumplir con los objetivos fijados (por el poder político y la línea de mando). La delegación de autoridad otorga cierto grado de discrecionalidad decisoria a los funcionarios y genera ámbitos de competencia para cargos y funciones, basados en un conjunto de normas. El ingreso a la administración es selectivo basado en el mérito, ofreciéndole una carrera profesional y especializada.
La evolución de la teoría de la burocracia ha llevado a que actualmente se comprenda su accionar inserto en la dinámica de un proceso social, lo que permite visualizarla como ¨escenario de luchas¨ o la ¨arena¨, donde convergen diferentes grupos y fracciones de la sociedad que integran las coaliciones dominantes. A su vez los aparatos estatales constituyen importantes ¨instrumentos de acción¨: como mecanismos para llevar a cabo proyectos gubernamentales y como marco y freno a la participación política .
Los patrimonialismos actuales aparecen rodeados de las instituciones formales de la democracia y como régimen político se proponen modificar la relación de fuerzas en la sociedad, por la necesidad de materializar un proyecto político esas modificaciones sobrepasan el ámbito de la administración pública y se extienden hacia los órganos de los otros poderes del Estado .
Sin embargo, las experiencias históricas latinoamericanas reflejan complejidades que no podrían abordarse desde una sola perspectiva teórica, en este sentido el aporte de Peter Evans es clarificador al distinguir entre Estados Predatorios y Estados Desarrollistas. Los primeros se caracterizan por la apropiación de las rentas públicas (o corrupción) por parte de los funcionarios, incentivan a los privados a dirigir sus actividades «productivas a las de corrupción improductiva y no proporcionan bienes colectivos», la sociedad es la presa de un predador o gobernante, similar al patrimonialismo weberiano. Respecto de los segundos, los Estados desarrollistas, son aquellos que extraen el excedente pero ofrecen bienes colectivos, incentivan la inversión privada a largo plazo. En síntesis, suplen en alguna medida la falta de capacidades empresariales y de capital de riesgo del sector privado. Para ello necesitan un aparato administrativo «aislado y dotado de coherencia corporativa» -en el mejor sentido weberiano- que se debe complementar con una red de relaciones informales internas y externas, es decir que se establezcan vínculos con el capital privado, pero manteniendo el Estado cierta autonomía, «en el sentido de ser capaz de formular de manera independiente sus propios objetivos…» …»y quienes deban llevarlos a cabo (los burócratas) consideren dicha tarea como algo importante para su carrera»; esta relativa autonomía les permitirá abordar los problemas de acción colectiva que entraña el capital privado…» esto se denomina «autonomía enraizada» y le otorga al Estado desarrollista la clave organizativa de su eficacia. Es a su vez la contrapartida de la dominación absolutista del Estado Predatorio . Estas argumentaciones se aplican en situaciones de transformación estructural, fundamentalmente en procesos de industrialización.
Desde esta perspectiva los Estados latinoamericanos se situarían en una zona intermedia, ni totalmente predatorios, ni totalmente desarrollistas. Se diferencian básicamente por el modo en que se obtienen los cargos públicos, las amplias facultades del ejecutivo para designar a su arbitrio -en detrimento del reclutamiento meritocrático-, los modos de relacionarse con la sociedad y la orientación de sus políticas, entre otras.
En los párrafos siguientes intentaremos caracterizar estas burocracias y sus relaciones con la sociedad.
La burocracia patrimonialista
En los patrimonialismos modernos, las burocracias se modifican en función del régimen, otorgándole características diferentes. De las interrelaciones o interdependencias que se producen al interior de los aparatos administrativos, se distinguen tres tipos: Jerárquicas, Funcionales, y Presupuestarias .
En la primera, la estructura clásica piramidal-formal se transforma en una de tipo radial, ocupando el centro quien gobierna, pues es quien decide sobre las designaciones, remociones o traslados de funcionarios, generando una red de relaciones informales que se superpone a la anterior, la discrecionalidad legalmente otorgada se minimiza en razón del monopolio de las decisiones. En este contexto, el enroque político es común, y se realiza en función de los “intereses” del gobernante, que designa un ¨confiable¨ con una misión específica en algún organismo de la administración.
En la segunda, se da una dualidad: la coexistencia de organismos altamente tecnificados, personal calificado, instrumental de última generación, con dependencias que se mantienen en el atraso, conservando formas tradicionales de trabajo. De ello resulta un aparato administrativo «segmentado», «dividido», «fragmentario», que dificulta la coordinación de las políticas públicas y fomenta las soluciones personalistas.
Respecto a la tercera, este régimen requiere un estricto control de los recursos por el gobernante, tanto en la recaudación como en la asignación de los mismos, por lo que suelen contar con aceitados y modernos mecanismos de presupuesto, como así también de los movimientos de fondos por fuera de él. Esto es vital para el funcionamiento de este régimen, pues se debe posibilitar la asignación discrecional de fondos. Existen destinos a “construcciones fastuosas y ornamentales”, que tienden a fortalecer un discurso de tipo fundacional, en los casos en que los gobernantes se instituyen como modernizadores y a quien el pueblo debe estar agradecido, mientras que los fondos destinados a implementar políticas sociales tiene como fuente central de aplicación el modelo clientelar que otorgan legitimidad y a su vez permiten la reproducción del régimen.
Como se sabe Estado y estructura social deben estudiarse juntos, ya que en esta relación el primero no es ni neutral, ni pasivo.
En torno a las políticas públicas.
Para realizar un análisis de políticas públicas es preciso situarse dentro del proceso social tejido alrededor de un tema o cuestión, desde su surgimiento, desarrollo y posible solución. Ello implica identificar actores sociales y estatales con capacidad de movilizar recursos para obtener una decisión o política por parte del Estado .
Coincidimos en entender las políticas públicas como el “conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritario” . Este concepto resulta muy útil para contrastarlo con los reales procesos sociales bajo una dominación patrimonial-desarrollista.
Para analizar las interrelaciones entre Estado y Sociedad, correspondería preguntarnos: ¿Quién y cómo problematiza un asunto? ¿quién cómo y cuándo logra convertirlo en cuestión? , es decir, estudiar los pasos previos al surgimiento de un tema.
De acuerdo a lo que venimos planteando, en estos regímenes, todas las decisiones las toma el poder político que ocupa el centro de la estructura burocrática y es quien también define cuáles son las cuestiones o problemas sociales que va a atender el Estado. Al definir el «dominus» la agenda, implica una definición política sobre la cuestión, que desencadena a su vez dos procesos que también controla: uno, hacia adentro de la burocracia, y otro hacia actores privilegiados de la sociedad civil, a quienes decide beneficiar. Esto implica individualizar las relaciones, dando forma a lo que Cardoso llamó «anillos burocráticos» refiriéndose a las relaciones entre grupos de industriales y burócratas , cuyas finalidades son optimizar sus intereses particulares. Esto muestra un aparato estatal con una autonomía enraizada parcialmente en términos de Evans , frente a una sociedad que se convierte en espectadora de un proceso de cambio social que se legitima a partir de la transformación alcanzada.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos sobre las particularidades que asumen los actores sociales en estos patrimonialismos modernos. La palabra actor nos remite a ¨acción¨, que se puede definir en términos de capacidades: ¨capacidad de negociación, Capacidad para descifrar el contexto, capacidad de representación
En términos de Arendt, la capacidad de romper con procesos predecibles depende de la acción, ya que es la actividad humana exclusiva de los hombres encargada de introducir lo novedoso . Esto es porque que la presencia del actor social posibilitaría modificar el rumbo de la historia. Sin embargo, el ejercicio personalista del poder ejerce una acción desmovilizadora y atomizante en sociedades de tipo tradicional y dependientes del Estado que impide la constitución de actores con las capacidades antes mencionadas.

B- CIUDADANIA Y POLITICA SOCIAL

Un caso especifico de políticas públicas son las políticas sociales, entendidas como acciones (u omisiones) del Estado, que operan en el campo de la redistribución del ingreso y comparte con el resto de las políticas públicas, las funciones de acondicionar el contexto para el desarrollo de la sociedad capitalista, impedir el conflicto social y lograr consenso político .
Las políticas sociales, entendidas como medios para la realización de un conjunto de valores, que constituyen su finalidad, son uno de los instrumentos que tiene el Estado para «operacionalizar e implementar distintas modalidades de ciudadanía».
Siguiendo a Marshall y Dahrendorf -y en esto coinciden la mayoría de los autores analizados- podemos afirmar que la ciudadanía esta íntimamente ligada a los derechos individuales y a la noción de vínculo a una comunidad política. Esta última dimensión de ciudadano se efectiviza como consecuencia de la primera. “Y este status se otorga a los que son miembros de pleno derecho de una comunidad” .
Es posible reconocer, siguiendo a Bustelo y Minujin , dos modelos de ciudadanía, ciudadanía asistida y ciudadanía emancipada, cada uno de ellos presenta una estructura de valores muy diferente.
En la ciudadanía emancipada el valor principal es la igualdad social. Existe la posibilidad de construcción de un espacio común y de constitución de sujetos sociales autónomos. Es una propuesta socialmente inclusiva en la que las personas son actores, en su doble dimensión individual y societaria .
La ciudadanía asistida es «esencialmente de naturaleza civil, los derechos sociales no son demandables en sentido positivo y los políticos se restringen a lo meramente formal». La estrategia predominante en las políticas sociales es la focalización, sin pretensiones de redistribución del ingreso. En ese contexto las practicas son de tipo clientelar y paternalista.
Como sabemos, Marshall propone distinguir elementos constitutivos de este concepto, cada uno de ellos tiene su fundamento en un conjunto de derechos. El acceso a la titularidad de éstos, constituye al sujeto en miembro pleno de una comunidad política determinada. De este esquema nos interesa desarrollar el Elemento social que remite a derechos que garantizan un mínimo de bienestar y seguridad y a participar del patrimonio social. En este sentido las políticas sociales se presentan como el ámbito natural de implementación de derechos sociales de ciudadanía.
Algunos teóricos incorporan a la noción de ciudadanía la dimensión de la responsabilidad. Zapata Barrero propone pensar en un «sentido normativo» de la ciudadanía, sugiriendo que ésta debe ir relacionada con la autonomía de la persona, la que se define como: «capacidad básica que debe ser considerada como condición necesaria para satisfacer valores democráticos como la libertad, la responsabilidad, el bien compartido, y para engendrar formas de vida, utopías particulares, sentido de la solidaridad y de la comunidad » . Una ciudadanía democrática se construye a partir de la posibilidad de constitución histórica de sujetos que internalicen las dimensiones: a) formal, ser miembros de una comunidad política; b) sustantiva, saberse portadores de derechos individuales civiles, políticos, sociales; y c) normativa, tener capacidad de autonomía. Esta última dimensión es la que diferencia el ejercicio de la ciudadanía en regímenes democráticos de los que no lo son.
Esta propuesta, en definitiva, incorpora a la noción de ciudadanía el componente de la acción. Esto supone un sujeto que ejerce las capacidades que definen al actor. Cuando conceptualizamos las políticas públicas como producto de negociaciones entre actores, estamos pensando en una ciudadanía democrática.
Sin embargo, en los regímenes de tipo patrimonialistas se obstruye la posibilidad de construcción de una ciudadanía democrática, porque el espacio público está limitado para el actor social. Esta exclusión de la escena constituye a los sujetos, en meros agentes receptores de políticas o dicho en términos de Arendt , en espectadores.
Constitución del ciudadano en regímenes patrimonialistas
En los patrimonialismos la pregunta central podría ser: ¿Cómo se constituyen históricamente los «ciudadanos» en regímenes en los que la característica predominante es la brecha, entre los derechos formalmente reconocidos y las reglas informales que estructuran los comportamientos de los agentes sociales?
Para avanzar en la respuesta a este interrogante es preciso reflexionar acerca de lo que entendemos por sujeto y los dispositivos de constitución de las identidades. Adherimos a Mouffe en descartar la visión del sujeto como un «agente racional y transparente para si mismo Concebimos entonces al agente social como una entidad construida por una diversidad de discursos» . Es decir que entendemos a la identidad como una construcción múltiple que es producto de estructuras discursivas contingentes. No existe una posición de sujeto unívoca y estática sino «posiciones» de sujeto que corresponden a una multiplicidad de relaciones sociales que se construyen dentro de discursos específicos.
Entendemos lo discursivo como un conjunto de fenómenos de producción social de sentido. Como afirma Mouffe , siguiendo a Gandamer, dentro del lenguaje es donde se constituye el horizonte de nuestro presente, ya que existe una unidad fundamental entre pensamiento, lenguaje y mundo. Este lenguaje asume múltiples materias productoras de sentido: la imagen, el sonido, la escritura, la palabra.
Los discursos en definitiva operan constituyendo/reforzando las estructuras del imaginario -«red compleja de representaciones engendradas en el seno de las prácticas sociales» – es decir, que el discurso está articulado a la matriz significante que le da sentido, fuera de la cual no se pueden explicar las prácticas sociales.
Un paquete significante eficaz que opera en el campo de la constitución de las identidades individuales y colectivas, son los ritos. El sentido del rito, siguiendo a Auge , prescribe y significa las relaciones de los hombres entre sí, relaciones que son problemáticas -por la asimetría que las estructuran-, la actividad ritual apunta a estabilizarla asignando a cada uno su lugar y su identidad social. Lo ritual actualiza las estructuras jerárquicas y de autoridad, pues permite «situar dramáticamente, lado a lado, a quien sabe y quien no sabe, quien tiene y quien no tiene…» . La función del rito para Augé es la de modificar el contexto, en tanto genera acontecimientos y acarrea consecuencias.
En las sociedades modernas el dispositivo ritual presenta el mundo como espectáculo escenificado y el soporte de este montaje son las imágenes reproducidas por los «mass media». Estas imágenes se constituyen en verdades incuestionables, puesto «que sólo sabemos de lo que se nos dice aquello que se nos dice» .
Retomando nuestro planteo, la ciudadanía como «principio articulador que afecta diferentes posiciones de sujeto» , es producto del interjuego de discursos en pugna por otorgar sentido a esta identidad, y estructurar representaciones que estructuran las prácticas de éstos ciudadanos. Y el gran implementador de los distintos modos de constituir al ciudadano es el Estado, que como afirma Bourdieu «está capacitado para ejercer una violencia simbólica porque se encarna a la vez en la objetividad bajo la forma de estructuras y mecanismos específicos y también en la subjetividad o, si se quiere, en los cerebros, bajo la forma de estructuras mentales de categorías de percepción y de pensamiento» .
Ciudadano o cliente?
En regímenes patrimonialistas el ejercicio de la violencia simbólica tiende a , en el campo de las políticas sociales, operar en dirección a diluir la autorrepresentación de sujeto como portador de derechos; planteando un conflicto entre el ciudadano autónomo y el cliente.
La institucionalización de las relaciones clientelares es funcional a este tipo de dominación que venimos desarrollando, en la medida que la fortalece: hay un sujeto de acción (el gobernante) y otro objeto de la misma (los gobernados). La desigualdad es atemperada a nivel de las enunciaciones discursivas que apelan a la pertenencia a una misma comunidad, a compartir los mismos orígenes, a «ser uno más del pueblo» . Al plantearse estas relaciones como de intercambio recíproco, permanece oculta su dimensión simbólica o cultural que se produce a través del proceso de aprendizaje del clientelismo , lo que posibilita su reproducción, constituyendo al dominado en cómplice de esa dominación.
Finalmente, nos interesa incorporar al planteo la tensión irresuelta entre la formalización de los derechos de ciudadanía y su posibilidad de ejercicio, es decir entre titularidades y provisiones. Siguiendo a Dahrendorf , entendemos el concepto de titularidad como la relación entre la persona y el bien de consumo cuyo acceso y control está legitimado, y el de provisión como el bien material o inmaterial que constituyen las opciones reales sobre las que se ejerce la titularidad. Creemos que esta tensión se plantea principalmente en la efectivización de la ciudadanía social, pero no es exclusiva de este ámbito.
La Política de Vivienda
Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el derecho a una «vivienda adecuada se ha reconocido como un componente importante del derecho a un nivel de vida adecuado» . En este sentido la política de habitacional permite ejercer un tipo de derecho social a la vez que otorga a la ciudadanía social su dimensión real.
Se reconoce que todos los gobiernos, en mayor o menor medida tienen algún tipo de responsabilidad en esta cuestión, como lo demuestra la existencia de organismos estatales referidos a la vivienda, el destino de fondos para ese efecto y las políticas, planes, programas y/o proyectos en todos los países; aunque actualmente se acepta que no es un tema exclusivo del Estado, sino de todos los sectores de la sociedad, como el privado, organizaciones no gubernamentales, las comunidades, los gobiernos locales, y organizaciones de la comunidad internacional.
En el tema habitacional, las acciones están dirigidas a satisfacer una necesidad primaria: la protección, el cobijo y en su sentido más integral, el hábitat
El concepto de vivienda puede adquirir múltiples variantes, y ellas reproducirán en forma fehaciente las desigualdades de ingresos de una población, por eso para la formulación de una política en este sentido es necesario que la sociedad pueda definir los «umbrales mínimos» de aceptación, para lo cual se necesitan espacios de participación.
Sin embargo, cualquiera sea el nivel mínimo que se defina, el Estado y la sociedad, se enfrentan a la tensión entre la necesidad básica a satisfacer y los recursos y su financiamiento. En este sentido, organizaciones de las Naciones Unidas recomiendan que «la ordenación de esos recursos debe estar centrada en la población y debe ser ecológica, social y económicamente racional» para ello se requiere de un enfoque integral de políticas sociales que permita coordinar las necesidades habitacionales con otras necesidades como salud, educación, generación de empleo, protección del medio ambiente, servicios de infraestructura básica, conservación del patrimonio cultural, entre los más importantes.
En esta materia, el rol del Estado es el de facilitar el acceso a una vivienda que responda a aquellos umbrales mínimos, definidos socialmente. Dadas sus características de bien básico, altos costos, necesidades de financiamiento, implican un conjunto de actividades de fuerte impacto económico y significación social. A esto se suma el «alto grado de visibilidad» lo que convierte a esta política en una tentación para el manejo clientelar .
A qué sectores o grupos de la sociedad se debe facilitar el acceso a una vivienda? Una respuesta inmediata sería a los más necesitados. Para conocer esto se requiere de un aparato estatal que cuente con capacidades administrativas y técnicas que permitan obtener información acerca del las dimensiones del problema habitacional, sus características, grupos o sectores afectados, su diversidad, a los efectos de poder formular políticas que den distintas soluciones a distintos problemas y contemplen varias alternativas además de la vivienda terminada.
Para alcanzar estos objetivos se requiere, como mencionamos, de una efectiva participación de los destinatarios de las políticas, tanto en su formulación como en la ejecución, lo que es posible alcanzar en la medida que se descentralice y se permita la intervención de organizaciones no gubernamentales o del sector productivo privado.
Sin embargo, cuando la política es usada como instrumento de legitimidad y medio para beneficiar pequeños grupos de la sociedad, ocurre lo que afirma Turner :
«Cuando el concepto de vivienda se malinterpreta y se la trata como a una mercancía, que responde a intereses manipuladores comerciales o políticos, la atención se centra en el producto terminado y no se detiene en los métodos y medios a través de los cuales los barrios son planeados, construidos y mantenidos… Las políticas de vivienda convencionales suponen que el tema se limita a cantidades de viviendas y a la calidad de materiales utilizados…
Ningún ocupante actual o futuro de una casa se preocupa exclusivamente por la cantidad o la calidad de la unidad vivienda; la preocupación radica, más bien, en la localización, el barrio, la tenencia y los derechos y libertades de uso y modificación de la vivienda, como así también los costos directos e indirectos de vivir en ella. Lo que importa en una vivienda es lo que significa y en qué grado le sirve a sus ocupantes, no sólo lo que es materialmente.»

EL CASO PUNTANO

A- BREVE MIRADA HISTÓRICA

Hemos caracterizado a la sociedad puntana como de tipo tradicional, tal como puede observarse en su evolución histórica . Los duros inicios signados por las luchas de las milicias por ganarle tierras a los Indios, quienes mantenían cercada la zona en defensa de su terruño, provocaron alta rotación en sus pobladores, que emigraban hacia lugares más seguros y prósperos de aquella época, como las provincias de Mendoza o San Juan. Finalizada la guerra contra el indio, comenzó el proceso de institucionalización que no fue ajeno a las luchas caudillezcas de las regiones del interior del país contra el centralismo de Buenos Aires.
Los historiadores reivindican los aportes que realizaran los «valientes» hombres de San Luis a la lucha por la Independencia y la falta de atención de los gobiernos nacionales, dejando a la provincia librada a su propia suerte y al tesón de sus pobladores; estas circunstancias marcaron que no existían otras razones más que «el amor a la tierra», para quedarse en la región de la Punta de los Venados .
La sociedad puntana se fue integrando así por militares y terratenientes cuyos hijos (que fueron educados en Buenos Aires), constituyeron el grupo de «familias ilustres» que moldearon los contornos del poder de una clase dominante de fuerte sesgo conservador -posibilitado por una población sumisa y «tranquila»- que alternaba en el gobierno de la provincia «pobre y postergada», instituyendo así un mito histórico, creando la imagen de la «postergación y sacrificio del humilde pueblo puntano»
Ya en la era democrática, a partir de 1983, accede a la gobernación de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, por el 40,5 % de los votos, como expresa Trocello «En 1987 Rodríguez Saá es reelecto por el 51,4% de los votos y en 1991 – reforma constitucional de por medio – accede a su tercer mandato. En 1993 el justicialismo provincial, que en la jerga sanluiseña se denomina «adolfismo» posee mayoría en la Cámara de Diputados, unanimidad en el Senado, y el control de los municipios de San Luis y Villa Mercedes¨. En 1995 (a pocos meses de estar involucrado en un escándalo sexual que asume relevancia nacional), gana en la provincia con el 70% de los votos, constituyéndose en el único gobernador de la historia con cuatro mandatos consecutivos.
El Gobernador, un descendiente de aquellas familias que se instituyeron en el poder de la provincia en el siglo pasado, retomó en su discurso la constante histórica del pueblo postergado y olvidado por Nación Argentina, junto a la promesa de cambiar la historia de la Provincia. El origen de esta promesa es la firma del Acta de Reparación Histórica (con el Gobierno Nacional en 1974) que incluye las provincias de Catamarca, San Juan y San Luis, dando lugar al Régimen de Promoción Industrial (Ley 22.702), que implicaba la desgravación impositiva para las empresas que se radiquen en dichas provincias. La ley entra en vigencia en 1982 (Gobierno Militar) y continúa su aplicación en el gobierno democráticamente elegido en 1983.

B- LA POLITICA DE VIVIENDA EN EL REGIMEN PUNTANO

La gran migración

Es posible verificar los cambios socioeconómicos producidos en la Provincia de San Luis desde aquella fecha a la actualidad, que permiten caracterizarla como una «sociedad en cambio», de tipo preindustrial a una sociedad industrial.
En este período, crecieron todos los indicadores económicos de la provincia, reflejándose en el Producto Bruto Geográfico, que entre 1980 y 1993 cuadruplicó su valor, siendo su período de mayor crecimiento entre 1985 y 1988. De las variaciones relativas entre los sectores económicos, se destaca el sector industrial, que en 1980 participaba en un 10% del producto, creció a un 200%. Los demás sectores crecieron aproximadamente un 100% su participación relativa .
Estas cifras muestran los datos globales de la acelerada transformación económica de la Provincia, que produjo su correlato en el crecimiento poblacional, el empleo, constituyendo un polo de desarrollo.
Respecto a la población, la provincia revierte su perfil histórico, pasó de ser expulsora de habitantes (que emigraban en búsqueda de mejores oportunidades laborales) a receptora de los mismos, atraídos obviamente por la oferta de trabajo producida por la radicación industrial. Esto se verifica en el siguiente cuadro:

Población (Total Provincial)			Tasa Crecimiento medio anual (por mil)
1970	1980	1991		1970/80	1980/91
183.460	214.416	286.458		15,6	27,8

FUENTE: INDEC Censo Poblacional 1970,1980 y 1991
Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de San Luis.
En el decenio 1980/91, se verifica el más alto crecimiento poblacional, superando en diez puntos la tasa nacional en el mismo período. Las fuertes migraciones intraprovinciales, modificaron la composición relativa de las poblaciones urbana y rural, a favor de la primera. Se observa que los saldos migratorios positivos se verificaron en Departamentos Capital y Pedernera, fortaleciendo la concentración poblacional que ya se observaba en 1980 . Respecto a los migrantes absolutos, internos e internacionales, registran un total provincial de 22% y 1,3 % respectivamente (0,8% países limítrofes y 0,5% de otros países). Por otra parte, la proyección de población de 1992-2000 prevé una tasa aproximada de crecimiento de 23%o, considerando los patrones de crecimiento de la década pasada.
Sin embargo, nada parece indicar que el crecimiento producido en el decenio 1980-91 se replicará con el mismo ritmo en el siguiente. Aunque se carecen de datos censales actualizados (el próximo será en el 2000), los indicadores más sensibles son la tasa de empleo y desocupación. En 1996, la primera se situó entre 33% y 34% (en 1980 se ubicaba en 36%), mostrando tendencia decreciente y la segunda registró un 17%, con tendencia creciente. Esto estaría indicando un fuerte retroceso en el sector industrial, lo que frenaría la ola migratoria.
Sin embargo, parece que estos indicadores no son atendidos a la hora de formular la política, al contrario, se amplía la oferta de vivienda, que como se expresa oficialmente, obedece a una política poblacional y de empleo, pero podría estar en los umbrales de los rendimientos decrecientes, tanto a nivel político como económico.
La política de Vivienda: provisión sin titularidad?
El punto precedente, intenta mostrar (sin pretender un exhaustivo análisis) el contexto socioeconómico en que se formula la política habitacional en la provincia.
Tal como se desprende de los discursos, el Gobernador prometía una casa para cada habitante de la provincia, lo que puso en marcha una política agresiva en este sentido. Según datos oficiales se han construido hasta la fecha más de 30.000 viviendas, cuya política intentaremos caracterizar en los siguientes apartados:
a) La organización burocrática.
El fuerte liderazgo personal y político ejercido por Adolfo Rodríguez Saá, ha modificado las relaciones intraburocráticas, centralizando la toma decisiones y el control. Las designaciones dentro y fuera del escalafón ordinario, generan una «corte» que reporta directamente al Gobernante en una red de relaciones informales, necesarias para ejecutar las órdenes, en consecuencia se producen superposiciones de funciones, poca claridad de objetivos, que produjo una maraña de cargos que impidiendo el logro de eficacia administrativa, esto lleva a realizar la llamada «Reforma Administrativa» en el año 1991.
La política de vivienda se lleva a cabo con la intervención de dos Ministerios: Hacienda y Obras Públicas y Desarrollo Humano y Social . El primero se encarga, de la ejecución de casi la totalidad de los recursos destinados a la construcción, a través de la Dirección Provincial de Construcción de Viviendas, cuya oferta está dirigida a sectores de la población con cierta capacidad de ahorro y a sectores medios, que no pueden acceder por medios propios a créditos bancarios. Fue dotado de tecnología de última generación y personal capacitado. El segundo tiene a su cargo la ejecución del resto de los recursos, que según enunciaciones oficiales y las características de los programas, está dirigido a sectores «impedidos de acceder por cuenta propia» a una vivienda, orientados a la población con «escasa capacidad de ahorro». Las tareas administrativas conservan formas tradicionales de trabajo
b) Financiamiento
Las principales fuentes del sector público provincial para llevar a cabo la política habitacional para el presente año, son: de origen nacional (19,25%), provincial (51,15%) y de uso del crédito (29,60%) -endeudamiento de la provincia con el Banco Hipotecario Nacional-. Como es posible observar más de la mitad de los recursos son de origen provincial, que según se expresa en el mismo Presupuesto 1999, se traducirán en 7953 viviendas terminadas y 4200 en proceso de producción. De estos recursos, el 16,60% se originarían en Recupero de Cuotas, sin embargo, como surge del Informe de Ejecución Presupuestaria 1998, sólo pagan las cuotas el 18,7% de los adjudicatarios de planes de vivienda.
c) Características de la Oferta de Vivienda
Del análisis de los programas de vivienda de la provincia surge que existe cierta diversificación de la oferta habitacional, en dos niveles: 1) dirigido a quienes tienen cierta capacidad de ahorro estableciendo un costo diferencial relacionado con el nivel de terminación. 2) destinado a sectores de muy bajos recursos, cuyos programas consisten en la construcción de viviendas; entrega de lotes y una «pequeña ayuda» para la autoconstrucción; mejoramiento habitacional destinado a población rural (erradicación de ranchos, mejorar núcleos húmedos e instalaciones sanitarias), éstos últimos se financian totalmente con recursos nacionales.
d) El costo de la vivienda
El gobierno establece el costo por metro cuadrado, actualmente fijado en $ 344 y $ 386, según el plan, asimismo, que la superficie por unidad habitacional es de 50 m2. Las del primer tipo se entregan sin piso ni aberturas, mientras que las otras ya están finalizadas. Se ha fijado también que se debe pagar en 300 cuotas fijas mensuales (ó 25 años) de $ 60 y $ 90, implicando un valor de $18.000 y $ 27.000, respectivamente.
e) Modos de acceso a la vivienda
Estos han variado desde 1983 a la fecha. En los primeros diez años los requisitos para efectuar la inscripción en el Instituto Provincial de la Vivienda (hoy disuelto), eran tener a cargo una familia, no poseer bienes inmuebles y presentar toda la documentación. Por entonces la demanda excedía en mucho a la oferta, se observaban largas colas en los organismos públicos, y se esperaban varios años hasta la entrega.
Actualmente, no se requiere ser casado o tener una familia, simplemente, mayoría de edad, no poseer propiedad inmueble y dos años de residencia en la provincia, este último no rige para los no residentes que sean nativos de la provincia y que «muestren anhelos de volver al terruño»
Los criterios de asignación también han variado. En la primera etapa se consideraba criterio de prioridad, la cantidad de integrantes de la familia para la adjudicación de la vivienda, construyéndose viviendas de dos o tres habitaciones y se comenzaba a pagar a partir de la entrega. En la segunda no existen criterios para la asignación, ya que se construye en base al número de inscriptos, debiendo éstos pagar desde el momento de la inscripción (aproximadamente, 20 meses previos a la entrega).
f) Actores que intervienen
Aunque parezca una obviedad, importa destacar que el único actor interviniente en la formulación y ejecución de la política de vivienda es el Estado provincial, y en última instancia la empresa constructora, ya que de su «performance» depende la calidad de la vivienda. La participación de los beneficiarios está limitada a inscribirse, elegir el valor de la vivienda y pagar las cuotas.
g) Distribución espacial
Un elemento muy importante en el costo de la vivienda lo constituye la tierra, cuya variación depende de la ubicación (urbana, suburbana) y la densidad (cantidad de viviendas y habitantes por hectárea)
En el caso estudiado, el Estado no provee de tierras fiscales (que podrían disminuir el costo), sino que lo debe adquirir la empresa constructora. Esto ha generado que las localizaciones de los conjuntos habitacionales se realicen en lugares muy alejados de los centros urbanos, sin una planificación previa del crecimiento de las ciudades, en lo cual los municipios involucrados no tienen ninguna participación. Esto nos lleva al ítem siguiente.
h) Infraestructura y Equipamiento Comunitario
La primera está compuesta por tres sistemas básicos: sistema sanitario; sistema energético; y sistema vial, además del sistema de comunicaciones.
Al situarse los barrios en zonas suburbanas, se afecta la infraestructura en cuanto a redes cloacales, redes de gas, pavimentos y desagües pluviales, como así también redes de comunicaciones. Problemas que debe enfrentar el adjudicatario y resolver como pueda hasta tanto lleguen las empresas privadas que cobrarán a muy altos costos, para los vecinos por la instalación de dichas redes.
Respecto al Equipamiento Comunitario, entendiendo por ello, construcciones que tienen por finalidad la educación (escuelas), salud (centros de atención), servicios sociales (guarderías, centro de actividades culturales, etc.), servicios públicos, recreación, etc., no están contemplados en la construcción actual de los barrios. Los vecinos deben constituirse en demandantes ante la autoridades municipales, que por lo general carecen de recursos para realizar cualquier tipo de obra.
Lo descripto hasta aquí merece algunas consideraciones generales, en dos líneas de reflexión. La primera, referida a las políticas sociales en general, en el sentido que los objetivos de política habitacional no están debidamente integrados en una política más global, que incluya otras áreas sociales, como salud, educación, medio ambiente, transporte, limitándose solamente a la cantidad de viviendas construidas. La alta centralización en el gobierno provincial, atenta contra toda posibilidad de democratización de la política, excluyendo a los gobiernos locales y a los propios beneficiarios. En segundo lugar, referida a la política de vivienda en particular, se observa que la población objetivo se autoselecciona en función de la cuota que puede pagar, pero no tiene otro nivel de participación. En cuanto al diseño habitacional, se advierte la excesiva reducción del espacio (habitaciones de 2,80m x 3,10m) limitando la vida familiar y social de los beneficiarios. La construcción no prevé una expansión ideal de la vivienda, en consonancia con alguna posibilidad de evolución económica y social de las familias, contribuyendo así a consolidar una estratificación social, propia de los procesos de industrialización capitalista.
Por otro lado, al fijar el Estado el costo por m2 (muy alto como se verifica), desestimula la competencia entre las empresas constructoras, en detrimento de una conducta minimizadora de los mismos, que beneficiaría a los adjudicatarios. Pero sí permite arreglos prebendarios con sectores privados y manejo clientelar de la política.
Los ritos de entrega de vivienda.
Las estructuras y mecanismos implementados por el régimen en el campo de la política habitacional, operan también en el plano de las subjetividades, constituyendo: categorías de percepciones y pensamiento (posibilidades e imposibilidades). En este sentido otra de las estrategias que administra con eficacia el régimen es el rito de entrega de vivienda.
Estos actos son organizados por la burocracia estatal, quien se encarga montar el escenario -en uno de los espacios verdes del barrio a entregar- pautando los movimientos de los adjudicatarios durante la ceremonia. La estructura social del rito permite distinguir distintos niveles de participantes observable en los roles desempeñados, la disposición del espacio y posicionamientos en la estructura jerárquica. Estos grupos diferenciados son: los funcionarios públicos (y candidatos oficialistas en tiempos preelectorales); un representante eclesiástico, los adjudicatarios de las viviendas y sectores más carenciados. Otra categoría de participantes son aquellos que tienen a cargo el encuadre de la ceremonia (los responsables del acto y los fotógrafos y camarógrafos que perpetuarán este momento). La vestimenta de los participantes y la música que se emite previo y durante el ritual, lo asemeja a una fiesta.
Podemos distinguir diferentes momentos en la secuencia ritual: el acto se abre con dos discursos: un del clérigo (que además bendice a las familias y las viviendas) y otro de un representante gubernamental. En segundo lugar se procede a la entrega de las llaves de la casa, que está a cargo de diferentes funcionarios públicos. Este momento es altamente significativo para éstos ya que ser protagonista en este rito es signo de reconocimiento. La escena se completa cuando el adjudicatario recibe el beso del «Señor Gobernador» que lo espera con los brazos abiertos. Luego de este momento público, cada adjudicatario con su familia se retira a su nuevo mundo privado, «la flamante vivienda», sin esperar el cierre oficial del acto. Finalmente, cobran centralidad en la escena las familias más pobres, no beneficiadas por la política motivo del acto. Estos personajes interactúan directamente con «El Adolfo» a quien rodean «esperando su turno» – según explican- para pedir favores y gracias, el mandatario escucha atentamente cada caso.
La práctica ritual descripta reafirma el lugar de cada uno y su identidad social. Los que ofician de mediadores entre el poder divino y el poder mundano, los que dan y los que reciben, los iniciados como propietarios y los no iniciados, reforzando estructuras de autoridad. Los dispositivos discursivos (verbales, gestuales, espaciales…) buscan un efecto declarado, constituir a los beneficiarios de esta política en «propietarios» y otro implícito, reactualizar la imagen del líder -padre «hacedor del sueño de la casa propia», anulando la representación del beneficiario como titular de derechos sociales.
Este ritual se vale del soporte massmediático para reproducir la escena y sus consecuencias, que en la Provincia de San Luis tiene una particular eficacia en tanto «las imágenes que se le imponen al ciudadano espectador» son reiteradas por el canal estatal y El Diario de la República único medio gráfico de la Provincia.
ALGUNAS REFLEXIONES
Desde la perspectiva de análisis utilizada, entendemos el Estado Provincial como una compleja combinación de patrimonialismo y desarrollismo. Entre los rasgos que caracterizan al primero, se destacan el fuerte personalismo y el uso privado del aparato público, para enriquecimiento propio y de su entorno, a través de lazos prebendarios con el capital privado. El desarrollismo es una faz necesaria para consolidar la industrialización en San Luis y el instrumento para el tránsito de una sociedad tradicional a otra industrial, interviniendo fuertemente a través de políticas públicas que se utilizan al menos en dos sentidos: por un lado facilitan la apropiación de rentas públicas y por otro, a través del uso clientelar, logran legitimidad para permanecer en el poder.
En el contexto de las políticas sociales, la de vivienda es predominante en esta Provincia y constituye un instrumento eficaz del régimen en razón de su fuerte impacto económico y político. Sin embargo, se observa escasa integración con las demás políticas sociales y desde el punto de vista de la ciudadanía estaría orientada a implementar una de tipo asistida, constituyendo a los sujetos en agentes receptores o espectadores del proceso social.
Una herramienta utilizada por el régimen son los rituales, que se ofician en el momento de la entrega de la vivienda, estas prácticas operan -a nivel de las representaciones- en dos sentidos, por un lado refuerza la imagen del líder paternal atento a las demandas de «su pueblo», a la vez que remarca los posicionamientos. Por otro lado debilita la noción de titularidad de derechos sociales, inhibiendo la percepción de la dimensión ciudadana. El modo en que se traban las relaciones gobernante-gobernado alejan la posibilidad de constitución del sujeto como ciudadano autónomo.
Frente a estos modos deficitarios de ejercicio de la ciudadanía, parece difícil imaginar el futuro en términos de democratización para esta sociedad. Sin embargo, creemos que la salida podría estar en la confluencia de dos procesos de transformación: a) uno que opere hacia el interior del aparato estatal y sus modos de relación con la sociedad, b) otro que opere a nivel microsocial.
Para el primero, se requiere de una transformación del Estado, que debería estar dirigida a lograr un aislamiento de aquellas partes del aparato estatal que hoy están ligadas a pequeños sectores privilegiados de la sociedad puntana y transnacional, para luego construir nuevos vínculos con todos los sectores sociales, conservando el Estado cierta autonomía, que le permitan acordar y planificar un desarrollo económico y social de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, creemos que este proceso es inviable dentro de un régimen patrimonialista.
El segundo, depende del desarrollo de los incipientes movimientos sociales y pequeños grupos de la sociedad civil, que detentan valores democráticos y pretenden reales formas de participación.. Las posibles combinaciones entre estas variables generarían una transformación en las prácticas formales e informales, construyendo espacios de acción y ejercicio de la ciudadanía democrática, donde los espectadores de estos regímenes se transformen en verdaderos actores de la democracia.
BIBLIOGRAFIA
ARENDT, Hannah. «La condición Humana» Paidós. 1993.
ARENDT, Hannah.“Condition de l’homme moderne.” París. Agora.1983.
AUYERO J. “La doble vida del clientelismo político” en Sociedad. Rev. de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) Abril 1996.
BARBEITO, A. y LO VUOLO, R. «La modernización excluyente. Transformación económica y Estado de Bienestar en Argentina”. Unicef Ciepp – Losada Bs. As 1992.
DAHRENDORF, Ralf. “El conflicto social moderno.” Ensayo sobre la política de la libertad. Grijalbo.Barcelona. 1990.
FRANCO, Rolando “Los paradigmas de la política social en América Latina”, en Revista de la CEPAL Nº 56, abril de 1996, Santiago de Chile.
Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997 “El Estado en un mundo en transformación”, Banco Mundial, Washington, 1997. Panorama general – Cap.7: “Acercar el Estado a la sociedad”.
ISUANI E. y TENTI E.» Una interpretación global» en Isuani, E. Tenti, E. Lumi, S. Golbert, L. Lo Vuolo, R. Y Prez Irigoyen, C. «Estado democrático y políticas sociales». Eudeba . Bs. As. 1989.
ISUANI, Ernesto, “Anomia social y anemia estatal. Sobre integración social en Argentina”, en Revista Sociedad, Facultad de Ciencias Sociales UBA, Nº10, Buenos Aires, noviembre 1996.
JELIN, Elizabeth «Ciudadanía emergente o exclusión?» En Revista Sociedad Nº 8 Facultad de Ciencias Sociales UBA. Abril 1996.
LEFORT, Claude. «Qué es la burocracia» en ‘Teoría de la Burocracia Estatal’ Oszlak y Otros, Comp. Paidós, Bs. As.
MARSHALL, Thomas. H. “Ciudadanía y Clase Social”. Revista Reis, Madrid, 1997,
NINO, Carlos. «Un País al Margen de la Ley» Emecé, Bs. As., 1992
O’DONNELL G. “Contrapuntos”, Ed Paidós, Bs.As.1997.
O’DONNELL, Guillermo «El Estado Burocrático Autoritario, Triunfo, derrotas y crisis» Ed. Belgrano – Bs. As. l982
O’DONNELL, Guillermo,»Apuntes para una teoría del Estado» en Teoría de la Burocracia Estatal en Oscar Oszlak Comp. Organizaciones Modernas. Bs. As.1985.
OSZLAK O. «Políticas Públicas y Regímenes Políticos- Reflexiones a partir de algunas experiencias latinoamericanas». Estudios Cedes . Vol. 3 Nº 2 .l980.
OSZLAK (comp.) “Teoría de la Burocracia Estatal», Paidós, Bs. As. 1985.
POLANYI, Karl. «La Gran Transformación» La Piqueta. Madrid. 1989.
QUIROGA, Hugo, “El ciudadano y la pregunta por el Estado democrático”, en Revista Estudios Sociales Nº 14, Santa Fe 1998.
REPETTO, Fabián “Notas para el análisis de las políticas sociales: una propuesta desde el institucionalismo”, en Perfiles Latinoamericanos, Nº12.México.julio-diciembre 1998.
REPETTO, Fabián ¨Capacidad de gestión pública y políticas frente a la pobreza: la experiencia menemista (1989-1996). Presentado en el III Congreso Nacional de Ciencia Política. Mar del Plata (Argentina) 5 al 8 de noviembre de 1997.
TROCELLO María Gloria “La Identidad Colectiva y la Tentación Esencialista”. Kairos Revista de Temas Sociales. U. Nacional de San Luis. N 2 Año 1998.
TROCELLO, María Gloria. «El discurso del régimen patrimonialista puntano”. Escenario Alternativos . Año 2 Vol. 3 Marzo de 1998-
WEBER, Max .»Economía y Sociedad». Fondo de Cultura Económica. México . 2º reimpresión . 1974.
[1] Una versión preliminar de este trabajo fue presentado en el XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Concepción (Chile) 12 al 16 de octubre de 1999.

* Profesora e Investigadora de la Universidad Nacional de San Luis. Argentina

** Docente y Becaria de Investigación de la Universidad Nacional de San Luis. Argentina

[2] WEBER, Max WEBER, Max «Economía y Sociedad». Fondo de Cultura Económica. México.1974.

[3] OSZLAK. ob.cit.

[4] WEBER, Max ob.cit.

[5] La discrecionalidad existe cuando un funcionario tiene un ámbito de poder que le permite escoger entre diferentes alternativas de acción y no-acción. Ham-Hill (1984) citado por SUBIRATS, Joan en Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración. INAP. Madrid. España. 1989. Cap. V.

[6]MÁRQUEZ, V y GODAU, R. ¨Burocracia y Políticas Públicas: Perspectiva desde América Latina¨ en Oszlak, O. (Comp.) Teoría de la Burocracia Estatal. Paidos. 1985

[7] OSZLAK, O. ob.cit.

[8] EVANS, Peter. El Estado como problema y como solución. Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales Nº 140 Vol. 35. Enero-Marzo 1996

[9] EVANS, Peter. ob.cit.

[10] OSZLAK, O. Políticas Públicas y Regímenes Políticos…. op. cit

[11] EVANS, Peter. Ob.cit.

[12] TROCELLO, Gloria ¨El discurso del Régimen Patrimonialista.¨ Escenarios Alternativos Año 2 Nº 3 Otoño 1998.

[13] Nos referimos al propuesto por AUYERO, J. En ¨La Doble vida del clientelismo político¨ en Revista Sociedad Nº 8. Facultad de Ciencias Sociales UBA. Abril 1996.

[14] O´DONNEL, G. y OSZLAK, O. ¨Estado y Políticas Estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación» en Kliksberg B. Y Sulbrand J. (Comps.) Para investigar la Administración Pública. Madrid. INAP. 1984.

[15] TAMAYO SÁEZ, Manuel. “El análisis de políticas públicas” en R. Bañón y E. Carrillo (comps) La nueva Administración Pública” Madrid. Alianza Universidad.1997. Citado por REPETTO Fabián en ¨Notas para el Análisis de las Políticas Sociales. Una propuesta desde el Institucionalismo¨, en Perfiles Latinoamericanos. Revista de la Sede Académica de México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Año 7. Nº 12 Junio de 1998.

[16] O´DONNEL, G. y OSZLAK, O. ob.cit.

[17] Citado por EVANS, Peter ob.cit.

[18] Entiende por autonomía enraizada a las relaciones institucionalizadas entre el aparato estatal y representantes de sectores sociales. Cuando estos vínculos se individualizan hablamos de una autonomía enraizada parcialmente. EVANS, P. Ob.cit.

[19] REPETTO, Fabián en ¨Capacidad de gestión pública y políticas frente a la pobreza: la experiencia menemista (1989-1996).Presentado en el III Congreso Nacional de Ciencia Política. Mar del Plata (Argentina) 5 al 8 de noviembre de 1997.

[20]ARENDT, Hannah «La condición Humana¨ Ediciones Península. 1º Reimpresión. Barcelona 1996.

[21] ISUANI, Aldo «Los origenes conflictivos de la seguridad social»

[22] MARSHALL, Thomas “Ciudadanía y clase social” versión pública en Reis. Madrid Julio-septiembre 1997

[23] BUSTELO, E y MINUJIN, A » La política social esquiva» presentado en el 1º Congreso del Centro Interamericano para el Desarrollo (CLAD) Río de Janeiro 6 al 9 de Noviembre 1996.

[24] MARSHALL ob. cit. reconoce también: a) el elemento civil: derechos necesarios para las libertades individuales, de la persona, de expresión, de pensamiento, de religión, derecho a la propiedad y derecho a la justicia. La institución más directamente ligada a estos derechos es Tribunales. b)el elemento político remite a los derechos a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad o como elector. La institución correspondiente es el parlamento.

[25] QUIROGA,Hugo «El ciudadano y la pregunta por el Estado democrático» en Revista de Estudios Sociales Nº14, Santa Fé 1998. Argentina. Realiza un desarrollo acabado del tema.

[26] ZAPATA BARRERO, Ricardo «Hacia una teoría normativa de la ciudadanía democrática» en Leviatán revista de hechos e ideas N º 59, II época, Madrid , Primavera 1995

[27] ARENDT, Hannah . ob. cit

[28] MOUFFE , Chantal «Feminismo, ciudadania y politica democratico radical» en «Feminists Theorize the political» ed. Judith Butler and Joan W. Scott Routledge 1992 MOUFFE ob.cit

[29] MOUFFE ob.cit

[30] MOUFFE ob.cit

[31] VERON Eliseo.

[32] AUGE, Marc. «Hacia una antropologia de los mundos contemporáneos» Edición Gedisa Barcelona. 1995.

[33] DA MATTA, Roberto «Carnavais, malandros erois» citado por GONZALEZ, Jorge «Más (+) Cultura(s). Ensayo sobre la realidad popular» Ed. Pensar la Cultura México. 1994.

[34] AUGE, Marc. Ob.cit.

[35] MOUFFE, Chantal ob.cit.

[36] BOUDIEU, Pierre. «Espíritus de Estado» en Sociedad, Facultad de Ciencias Sociales UBA. Nº 8 Abril 1996.

[37] BENJAMIN, J. The Bonds of love. Psychoanalysis. Feminism and the problems of Domination. N.Y. Pantheon books, 1988. Citado por Auyero J. (Comp.) en ¿Favores por Votos? Estudios sobre Clientelismo político contemporáneo. Edit. Losada 1997.

[38] GUNES-AYATA , Ayse. ¨Clientelismo: premoderno, moderno, posmoderno¨. En ¿Favores por Votos? Auyero, J. (Comp.) Edit. Losada 1997.

[39] AUYERO, Javier ¨La Doble vida del clientelismo político¨. Revista Sociedad. Facultad de Ciencias Sociales (UBA) Abril 1996.

[40] DAHRENDORF, Ralf ¨El Conflicto Social Moderno. Ensayo sobre la política de libertad¨ Biblioteca Mondadori, Grijalbo. Madrid. 1993.

[41] Programa de Hábitat de las Naciones Unidas. Plan de Acción Mundial Cap. IV.

[42] LUMI, Susana «Hacia una política habitacional» en Estado Democrático y Política Social. Ed. Eudeba 1989.

[43] Programa de Hábitat … ob. cit.

[44] LUMI, Susana ob.cit.

[45] TURNER, John, «What to do about Housing -its part in Another Development» en Habitat Internacional v.% Number 1/2, 1980. Citado por LUMI, Susana, op.cit

[46] El nombre obedece al accidente geográfico con que los fundadores identificaron la región de San Luis: «La Punta de los Venados», denominándose «puntano» al nativo de la misma.

[47] NUÑEZ, Urbano J. – VACCA, Duval «Historia de San Luis» Tomo I y II. Editorial Godeva San Luis 1968.

[48]Idem ant.

[49] TROCELLO, María Gloria ¨El discurso del Régimen Patrimonialista.¨ ob. cit.

[50] BECERRA, PAEZ, DORZAN y OLGUIN «La dinámica de la ocupación en la provincia de San Luis en los ’90» Revista Kairos Nº 2 1998. UNSL.

[51] BECERRA Y OTROS … ob.cit.

[52] Censo Nacional de Población 1991. Dirección de Estadística y Censos Pcia.San Luis.

[53] Los restantes Ministerios son: de Gobierno y Educación y de Industria, Turismo, Minería y Producción.

[54] Elaboración propia, en base al presupuesto provincial 1999