La articulación entre régimen político y cultura política. El caso de la Provincia de San Luis

RESUMEN

El objetivo de la presente publicación es efectuar un análisis desde la sociología de Pierre Bourdieu, a fin de aportar algunas argumentaciones sobre la articulación existente entre los regímenes políticos y la cultura política.

La cultura política ha aparecido muchas veces como variable independiente, sin establecer cómo la acción de gobierno, y más en general su naturaleza, puede influir sobre ella. En buena medida, esto se debe al hecho de que el análisis sociológico ha descuidado las formas históricas concretas, mediante las cuales los regímenes políticos tratan de generar y preservar su legitimidad.

En tal sentido se analiza qué tipo de cultura política es generado por los regímenes patrimonialistas en contextos que, en lo formal, se consideran democráticos.

En primera instancia se analiza la relación entre Estado y régimen político, para luego caracterizar el régimen patrimonialista (en especial el régimen vigente en la Provincia de San Luis (Argentina). Posteriormente se afronta el problema de la cultura política para después describir las formas simbólicas legitimantes de estos tipos de regímenes. Finalmente se reflexiona sobre la articulación entre ambos conceptos a nivel teórico y sus consecuencias en el ámbito de lo social.

THE ARTICULATION BETWEEN FORMS OF GOVERNMENT AND POLITICAL CULTURE

The case of the Province of San Luis

ABSTRACT

The objective of this work is to analyse from Pierre Bourdieu’s sociology the articulation that exists between forms of government and political culture, in order to propose some arguments for discussion.

In general, political culture has been treated as an independent variable without taking into account how the actions and nature of governments influence it. This is mainly due to the fact that sociological analysis has overlooked the concrete historical forms by means of which governments try to generate and maintain their legitimacy.

In this sense, the type of political culture generated by patrimonialismo regimes in contexts that are considered democratic from a formal point of view is analysed.

First, the relationship between the concepts of State and Forms of Government is analysed. Second, the patrimonialismo regime is characterised, especially the regime with such characteristics that exists in the Province of San Luis (Argentina). Third, the issue of political culture is treated. Fourth, the symbolic cultural forms that legitimate this type of regime are described. Finally, the articulation of forms of government and political culture on a theoretical level and its consequences on a social level are reflected upon. (Acknowledgements: Traductora Marcela Rivarola).

Introducción

El presente trabajo pretende efectuar un análisis desde la sociología de Pierre Bourdieu a fin de aportar algunas argumentaciones y llamar la atención sobre la articulación existente entre los regímenes políticos y la cultura política. A partir de esta inquietud indago su anclaje empírico en un estudio de caso: el análisis del régimen político vigente en la Provincia de San Luis y de la cultura política que lo reproduce y legitima

La cultura política ha aparecido muchas veces como variable independiente, sin establecer cómo la acción de gobierno, y más en general su naturaleza, puede influir sobre ella. En buena medida, esto se debe al hecho de que el análisis sociológico ha descuidado las formas históricas por las cuales los regímenes políticos tratan de generar y preservar su legitimidad.

Es frecuente que el régimen político sea concebido como el conjunto de instituciones y prácticas políticas, desatendiendo con ello, en parte, el contenido simbólico que éstas conllevan[i]. De hecho, pudiera considerarse que ligada a un régimen político aparece una cultura política determinada, campo en el que se construyen las representaciones colectivas que legitiman la dominación. Es decir, a un determinado régimen político corresponde una determinada cultura política. Será entonces la relación régimen político – cultura política una relación dialéctica e histórica que habrá que analizar en cada lugar y tiempo. Desde la mirada de Bourdieu esta articulación debe ser vista intentando describir las regularidades objetivas y a su vez develar las relaciones simbólicas.[ii]

En el campo de la cultura política, el régimen que ocupe el gobierno teñirá las prácticas políticas estructurando los comportamientos de los actores. Por eso mi interés se centrará en el régimen político imperante en la Provincia de San Luis, donde Adolfo Rodríguez Saá fue gobernador desde 1983 al 2001. Reelecto cinco veces, – siempre por más del cincuenta por ciento de los votos; renuncia como primer mandatario provincial sólo para asumir la Presidencia de la Nación en diciembre de 2001 y pasar luego a ser una figura de proyección nacional. Si bien puede estar anclado en el imaginario argentino el accionar discrecional, y muchas veces autoritario del gobierno puntano, también cabe la reflexión respecto de la representación colectiva con relación a que la Provincia de San Luis es una “isla próspera ” en un mar de ineficiencia y recesión generalizada.

En este sentido, el presente trabajo plantea analizar qué tipo de cultura política es generada por este régimen patrimonialista en contextos que, cuando menos en lo formal, se consideran democráticos. Indagar sobre estas modalidades de ejercicio de la dominación política ayudará a iluminar algunos interrogantes tales como: ¿ Qué cultura política generan o consolidan los regímenes patrimonialistas? y ¿Cómo aparecen recicladas o encubiertas a través de nuevas tecnologías de poder y de dominación las viejas prácticas clientelares, populistas y prebendarias?

Para aportar algunas respuestas seguiré el siguiente camino. En primera instancia analizaré la relación entre Estado y régimen político, para luego caracterizar el régimen patrimonialista ( y en especial el puntano). Posteriormente afrontaré el problema de la cultura política para después describir las formas simbólicas legitimantes de estos tipos de regímenes. Finalmente reflexionaré sobre la articulación entre ambos conceptos a nivel teórico y sus consecuencias en el ámbito de lo social.

Estado y régimen político

Sin desconocer la posibilidad de la estructuración de una cultura política en el ámbito nacional, entiendo que en el ámbito de los estados provinciales se generan múltiples (sino mayores) interpelaciones ideológicas de singular interés analítico.

Para intentar demostrar este proceso de acumulación de recursos de dominación en los estados provinciales, recurriré a la conceptualización que Bourdieu(1996:7) realiza del Estado. Nos dice que: el Estado es una X( a determinar) que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia física y simbólica en un territorio determinado y sobre el conjunto de la población correspondiente.” El autor aclara que realiza una propuesta transformadora de la célebre caracterización del Estado efectuada por Max Weber (1974) “el Estado es la comunidad humana que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia física en un territorio determinado”.

El aporte esencial que Bourdieu realiza a la definición weberiana es incorporar la dimensión subjetiva, pues el Estado no sólo se encarna en la objetividad de las estructuras sino también en “la “subjetividad”, bajo la forma de estructuras mentales, de categorías de percepción y de pensamiento. La consecuencia de esta incorporación en estructuras mentales adaptadas a las estructuras objetivas, es que la institución instituida se presenta con la apariencia de lo natural haciendo olvidar que es la consecuencia de una serie de actos de institución (Bourdieu, P., ob.cit. :9)

Aquí cobra centralidad el concepto de violencia simbólica. Ésta tiene su origen en la relación entre las estructuras que constituyen el habitus de los dominados y la estructura de dominación que las sustentan: el dominado percibe al dominante a través de las categorías producidas por la relación de dominación y que, por lo tanto, son funcionales a los intereses del dominante.

Sostengo que si bien es el Estado Nación en el que confluyen los atributos esenciales de la estatidad, éstos son en buena medida compartidos por los Estados Provinciales[iii]. La descentralización educativa sumada a otras tecnologías de dominación ideológica estrictamente locales, permitió un proceso de concentración de capitales que permite avanzar en la hipótesis de que la violencia simbólica no es monopolio de la Nación sino que es compartida en importante medida con unidades interiores de dominación política en nuestro caso las Provincias[iv].

Acordamos con Bourdieu en que, para comprender el proceso de concentración de poder en el Estado, hay que comprender que las relaciones de fuerza son al mismo tiempo relaciones simbólicas y los actos de sumisión, de obediencia, son actos cognitivos, pues “los agentes sociales construyen el mundo social a través de estructuras cognitivas susceptibles de ser aplicadas a todas las cosas del mundo y, particularmente, a las estructuras sociales” (Bourdieu P., 1996: 22.

Para ello, Bourdieu recomienda la reconstrucción de la génesis de la conformación del poder estatal, como el instrumento de ruptura y propone un modelo de emergencia del Estado que “ apunta a dar cuenta sistemática de la lógica propiamente histórica de los procesos al término de los cuales se ha instituido”(ibid).

Con relación a este problema destaca que: El Estado es el resultado de un proceso de concentración de diferentes especies de capital, capital de fuerza física o de instrumentos de coerción (ejército, policía) capital económico, capital cultural, o mejor, informacional, capital simbólico, ..¨ y como consecuencia de esa concentración el Estado pasa a ser el detentor de un “metacapital”¨ que da poder sobre las otras especies de capital y sobre sus detentores”. Es éste un capital específico que sólo posee el Estado y como consecuencia de ese proceso de concentración se estructura el campo del poder entendido como “el espacio de juego en el interior del cual los detentores de capital (de diferentes especies) luchan especialmente por el poder del Estado, es decir sobre el capital estatal que da poder sobre las diferentes especies de capital y sobre su reproducción (a través principalmente de la institución escolar) (Bourdieu, P., ob.cit. :10).

Lo que debe llamar la atención respecto del campo del poder es que la lucha es entre detentores de diversas especies de capital por el poder del Estado. [v]

Siguiendo esta la propuesta sociológica haré un breve recorrido para entender el proceso de concentración que permite la conformación del “metacapital estatal”. A partir de la exposición de los diversos capitales[vi] iré explicitando lo que creemos es un importante proceso de concentración de poder – de metacapital- en los Estados Provinciales, utilizando para nuestra ejemplificación el caso de San Luis.

Capital de fuerza física

Siempre el recurso que se presenta como dilucidador de la esencia de la estatidad ha sido el capital de la fuerza física encarnado en ejército y policía. El monopolio de la función guerrera y el derecho de ejercerla a nivel externo simbolizado por las Fuerzas Armadas, queda asegurado por la normativa constitucional al Estado Nación. No obstante no puede desconocerse que es el Estado Provincial el que atrapa la mayor concentración de poder de control y castigo a nivel social interno a través de los cuerpos policiales, como así también del sistema carcelario. La Provincia de San Luis cuenta además desde 1997 con una delegación de la Gendarmería Nacional a solicitud de gobernador de esa época Adolfo Rodríguez Saá. La razón de su existencia se justificó por la necesidad de cuidado de la Zona Franca existente en la localidad de Justo Daract. pero no puede obviarse la lectura de que esa fuerza puede movilizarse ante la posiblidad de cortes de rutas nacionales. San Luis por su lugar central en la geografía nacional es un importante nudo carretero.

Capital económico

Bourdieu llama la atención respecto de que progresivamente la recaudación que se aplica a los súbditos – como consecuencia de gastos de guerra para la defensa del territorio- pasa a ser una recaudación sin contrapartida y la redistribución del mismo se transforma de capital económico en capital simbólico de reconocimiento, de legitimidad, encarnado en los cuerpos recaudadores (Bourdieu, P., ob. cit. pp:12-14).

En el caso de las provincias argentinas – entes recaudadores de tasas e impuestos- sus finanzas públicas están atadas a su capacidad de imposición y a la lucha por la coparticipación de los fondos nacionales.

Íntimamente vinculado al poder simbólico que otorga el poder económico recaudador, en el caso de las provincias que – como San Luis – fueron beneficiadas con regímenes de promoción industrial, se debe sumar que fueron (y son) sus autoridades de aplicación y tuvieron en sus manos el arma poderosa que significaba el otorgamiento de los decretos de eximición de impuestos para la radicación de empresas. Esta situación aportó notablemente al desarrollo provincial y al bienestar de sus habitantes y fue produciendo lo que Bourdieu remarca como “una forma de nacionalismo” o conciencia nacional, que en nuestro caso se representa como el refuerzo de la identidad provincial[vii]. Al decir de Bourdieu “También es probable que esta conciencia “nacional” se haya desarrollado en principio entre los miembros de las instituciones representativas que emergen en relación con la discusión del impuesto: se sabe, en efecto, que estas instancias están más dispuestas a consentir los impuestos si éstos les parecen motivados no por los intereses privados del príncipe sino por los intereses del país, primordialmente los imperativos de la defensa del territorio” (Bourdieu, P., ob. cit.: 14). La defensa de la radicación industrial es una “causa provincial” asociada a la constitución de un “nosotros” central para el proceso de identificación comunitaria. Esta construcción radicaliza las posiciones en el campo político: quien se oponga a la derogación del régimen de promoción industrial se transforma en el “otro” que obstaculiza o reniega del destino de grandeza puntano[viii].

Capital informacional

Bourdieu entiende que el capital cultural es una dimensión del capital informacional que es la consecuencia de la concentración estatal que acompaña a la unificación del mercado cultural. El Estado concentra la información, la trata y la redistribuye. (Bourdieu, P., ob. cit.:14)

La Cultura es unificadora y la función del Estado es central en su consolidación al unificar todos los códigos, jurídico, lingüístico, y efectuando la homogeneización de las formas de comunicación, en especial burocrática a través de formularios, impresos, etc. A través de los sistemas de enclasamiento (según la edad y el sexo, principalmente) que están inscriptos en el derecho, los procedimientos burocráticos, las estructuras escolares y los rituales sociales, el Estado modela estructuras mentales e impone principios de visión y de división comunes, formas de pensamiento, contribuyendo con esto a construir lo que comúnmente se llama identidad nacional (Bourdieu, P., ob. cit.: 15. En toda la producción del campo informacional el Estado Provincial es más cercano al individuo que el del Estado Nacional. Este problema pertenece al campo de la cultura política sobre el que me explayaré más adelante.

Capital simbólico

Bourdieu remarca que las teorías sobre las génesis del Estado ignoran este capital a pesar de que es el que aparece como condición o refuerzo las otras formas de capital asegurando la concentración y durabilidad del campo del poder. Entiende que la condición esencial del capital simbólico es la percepción de los agentes respecto de cualquier especie de capital físico, económico, cultural, social, al que reconocen y dan valor. Más precisamente, “ la forma que toma toda especie de capital cuando es percibida a través de categorías de percepción que son el producto de la incorporación de las divisiones o de las oposiciones inscriptas en la estructura de la distribución de esta especie de capital. (Bourdieu, P., ob. cit.: 16) Se trataría de una especie de capital que juega como sobreañadido de prestigio, legitimidad, autoridad y reconocimiento a los otros capitales, y que se agregaría a la posición que se tiene por el manejo del capital específico(Gutiérrez, A. 1995:39). Por ser el Estado el que cuenta con los medios para imponer e inculcar principios durables de visión y de división conformes a sus propias estructuras, es el lugar por excelencia de la concentración y del ejercicio del poder simbólico”. (Bourdieu,P. ibid)

Bourdieu destaca dentro de este capital como su forma objetivada y codificada al capital jurídico que sigue su lógica propia. El cuerpo judicial se organiza y se jerarquiza, lo que ratifica las conquistas progresivas de los juristas, que llegan en el sistema republicano a conformar el único poder aristocrático. (Bourdieu, P. ibid)

La concentración del capital jurídico es un aspecto completamente central de un proceso más largo de concentración del capital simbólico bajo sus diferentes formas, y es el fundamento de la autoridad específica de quien detenta el poder de designar y de ser una instancia central de nombramiento. Resumiendo, se pasa de un capital simbólico difuso, fundado únicamente en el reconocimiento colectivo a un capital simbólico objetivado, codificado, delegado y garantizado por el Estado, dicho brevemente, burocratizado.

Como ya adelantamos sostenemos que este capital simbólico está altamente concentrado en el Estado Provincial. Las provincias se reservan la aplicación del derecho de fondo y legisla sobre procedimientos. En San Luis el Poder Judicial tiene dependencia política de los funcionarios del régimen[ix], y el gobierno (funcionarios y de agentes estatales que actúan en el campo burocrático) es el que ejerce los actos de autoridad, pues es la fuente central de nombramientos y certificaciones. (Bourdieu, P.,ob. cit.:21)

Previo a ingresar en el problema de articulación entre régimen político y cultura política debo aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con el capital cultural en sentido amplio.

Capital cultural

Alicia Gutiérrez (1995:36)aclara que “El capital cultural puede existir bajo tres formas: en estado incorporado… (habitus) relacionadas con determinado tipo de conocimiento, ideas, valores, habilidades etc.; en estado objetivado bajo la forma de bienes culturales… y en estado institucionalizado, que constituye una forma de objetivación, como son los diferentes títulos escolares”

¿Cuál es entonces la importancia del Estado en la construcción de este campo?. Es justamente la unificación del mercado cultural al unificar los códigos, jurídicos, lingüísticos, operando las formas de comunicación social. El Estado va entonces a modelar estructuras mentales, los “habitus”[x], al apropiarse del campo de las significaciones a través de procedimientos burocráticos, jurídicos y especialmente las estructuras escolares. Por ello Bourdieu afirma que la cultura nacional será la legítima, pero ¿qué ocurre si el capital cultural es apropiado en un porcentaje importante y como consecuencia se cuenta con alta concentración del capital cultural en manos de quienes gobiernan una unidad interior al Estado? Creo una política cultural tendiente a generar una identidad comunitaria si es convocada a actuar en términos defensivos -en momentos de crisis nacional profunda- puede llegar a ser un obstáculo para la constitución de la nacionalidad, en términos un funcionamiento auténticamente republicano. El caso de la Provincia de San Luis es una de esas situaciones[xi].

La política cultural de Adolfo Rodríguez Saa ha rescatando en alto grado el sentido de pertenencia de los sanluiseños[xii], los medios de comunicación que manejan la agenda pública son “adolfistas”[xiii], la única burocracia de importancia es provincial (y como consecuencia monopoliza y homogeneiza la información), y sobre todo – a excepción de la Universidad Nacional de San Luis -, todas las instancias oficiales de la educación son controladas por el Estado Provincia [xiv].

Si bien el Estado es un actor central en el proceso de concentración de todas las formas de capital cultural con relación a nuestro problema -que está relacionado al campo de la cultura política-, nos interesa la primera de ellas en tanto “habitus”. Volveré sobre esto.

Luego del breve recorrido por las formas de concentración de diversos capitales en el Estado Provincial formando su metacapital – principal productor de violencia simbólica -, intentaré describir las estructuras sociales incorporadas por el agente que produce las prácticas: es decir los habitus, en tanto principio de generación y percepción de dichas prácticas.[xv]
En nuestro estudio de caso – San Luis – procederé en primera medida a caracterizar al régimen que ocupa el Estado Provincial para luego ahondar a nivel de los habitus políticos que genera la violencia simbólica que instaura.

El régimen político pone en acto la violencia simbólica

La construcción del monopolio estatal de la violencia física y simbólica es inseparable de la construcción del campo de lucha por las ventajas ligadas a ese monopolio. Esto lleva a la necesaria existencia de un cuadro administrativo las ponga en acto, reclamando el monopolio de lo universal y la legitimidad de su dominación. La existencia de dicho cuadro (gobierno) supone que las sociedades históricas generan formas para su conformación, es decir para el acceso y permanencia en esos roles jerárquicos del Estado (régimen. Por eso creo importante adherir al concepto de régimen político que los define como: “ el conjunto de pautas explícitas o no, que determinan la forma y canales de acceso a los principales cargos de gobierno, las características de los actores admitidos y excluidos con respecto a ese acceso, y los recursos y estrategias que pueden emplear para ganar tal acceso» (O’Donnell, G. Schmitter P. y otros, 1988,TI: 118).

El régimen que gobierna el Estado provincial es el que imprime las formas cómo se ejerce la violencia simbólica que deriva del “metacapital estatal provincial”. Quien gobierne una provincia dispondrá de un capital simbólico especifico que, como aclara Alicia Gutiérrez (1995:39) es “poder simbólico, ( o sea) la particular fuerza de la que disponen ciertos agentes que ejercen la violencia simbólica”.

Las relaciones entre Estado y habitantes están siempre teñida por las formas de ejercicio de la dominación política que adopta la forma de un régimen político determinado. Se trata entonces de mirar cómo se instituye e institucionaliza la dominación política en una sociedad. O’Donnell (1997:317) entiende que la institucionalización de prácticas es indispensable pues las pautas que definen a un régimen deben ser conocidas, practicadas y aceptadas regularmente por al menos aquellos a que esas pautas definen como participantes[xvi]. Una de las formas institucionalizadas de regímenes vigentes son las se califican como patrimonialistas.

El régimen político patrimonialista: sus prácticas

La descripción weberiana de patrimonialismo sigue siendo de notable utilidad analítica y quizás por ello haya escaso desarrollo teórico de la categoría. Weber (1974) planteó al patrimonialismo como una forma especial de la estructura patricial de dominación que se da cuando aparece un cuadro administrativo personal del señor. También es importante rescatar en esta estructura las formas de sostén de los “servidores patrimoniales” que Weber denomina prebendas, cuando se confieren de un modo renovado, con apropiación individual -pero nunca hereditaria – las asignaciones que da el señor en dinero o bienes, otorgamiento de tierras, o mediante apropiación de probabilidades de rentas, derechos o tributos; y denomina “prebendalismo” a la existencia de una administración mantenida principalmente de esta forma.

Oscar Oslzack (1980) retoma de Weber la categoría analítica de «regímenes patrimonialistas» para designar las situaciones contemporáneas en donde «la dominación de un solo hombre necesita de funcionarios para ejercer la autoridad”[xvii].
La característica esencial de los regímenes patrimonialistas es que terminan transformando a los Estados en propiedad privada de quienes poseen el poder necesario para ejercer la dominación social. Esta modalidad de ejercicio del poder supone rodearse de instituciones formales de la democracia pero el ejecutivo sigue conservando el monopolio de la designación, reemplazo y remoción de los funcionarios

Si el régimen político adopta una forma patrimonialista, en tanto estructura que pone en acto la violencia simbólica, irá generando disposiciones durables en los actores sociales y consecuentemente irá produciendo (y reproduciendo) una cultura política determinada.

Creo importante una aclaración con relación al problema del régimen político. Los regímenes a los que nos referimos son formalmente republicanos. “Lo republicano” se basa en una cuidadosa distinción entre lo público y lo privado o personal. De ella surge la idea del gobernante como servidor de la ciudadanía, en cuya representación administra los intereses públicos. Éste es a su vez el fundamento del imperio de la ley, que consagra la distinción entre la esfera pública y la privada, somete las decisiones del gobernante a sus reglas y sanciona sus eventuales violaciones. E1 gobernante y el funcionario no están, en la concepción republicana, «por encima» de la ley; por el contrario, tienen especial obligación de obedecerla. (O’Donnell 1997:319 y ss)

Las modalidades estatales – patrimoniales, consecuencia de que el Estado está ocupado por regímenes patrimonialistas (aunque formalmente se autodenominen republicanos) generan relaciones sociales constantes reproduciendo una forma de cultura política. En estos regímenes si bien las elecciones para cargos representativos existen y suelen ser competitivas, las prácticas políticas no tienen vocación universal (en tanto defensa de los intereses comunitarios) sino que responden a los intereses de grupos o sectores. Por este motivo O’Donnell (1997:319) les da la denominación genérica de prácticas particularistas. La política que se lleva a cabo en tales contextos consiste en “conversaciones entre caballeros”, donde la disciplina de partido prácticamente no existe. Las relaciones con las clases subordinadas son clientelistas. En el ámbito del aparato estatal, estas relaciones se basan en la entrega y obtención de prebendas; las relaciones entre los políticos consisten básicamente en el intercambio de apoyos y favores para los intereses (en especial regionales) que encarnan. La división de poderes es una ficción toda vez que el poder legislativo y el judicial están ocupados por leales a quien gobierna el ejecutivo o tiene la hegemonía en el partido gobernante. Otras prácticas generalizadas son: la entrega de bienes para la obtención de votos, ausencia de los funcionarios o empleados en el cumplimiento de sus roles (“ñoquis”), favoritismo administrativo, amiguismo prebendario, tolerancia ante las infracciones de la ley, acumulaciones de cargos incompatibles, parcialidad en los tribunales de concursos por oposición, monopolios concesionados a amigos del régimen. La gran mayoría de estas prácticas según las reglas formales de las instituciones republicanas son consideradas corruptas.

En este sentido la posesión del metacapital por parte del grupo políticamente dominante que instaura determinadas prácticas, hace que tenga en el campo social un valor especial el capital político ya que proporciona a sus poseedores una forma de apropiación privada de bienes y de servicios públicos. Como explica Bourdieu, (1997:27 a 32) cuando las otras formas de acumulación están más o menos completamente controladas, el capital político se convierte entonces en el principio de diferenciación primordial en el campo del poder[xviii] .

Si bien una de las características de los campos es su autonomía relativa respecto a otros campos con relación al capital en juego y el mercado generado en torno a él, en los regímenes patrimonialistas el capital político condiciona estructuralmente los otros campos sociales. A partir de la apropiación del metacapital estatal el régimen vigente en San Luis, estructura los distintos campos que constituyen el espacio social acorde con el principio de la homología funcional y estructural (Gutiérrez, A. ob.cit. :56). Es entonces cuanto se ve con claridad que el campo político fija las reglas y condiciona estructuralmente el funcionamiento de los otros campos. Pero además, las prácticas particularistas ponen en acto el principio de homología funcional, pues los agentes que ocupan posiciones dominantes en otros campos despliegan sus estrategias específicas para la defensa de sus intereses particularistas, íntimamente asociados al campo del poder en donde el régimen fija las reglas y tiene la posición dominante.

El problema de cultura política

Coincido con Grüner cuando explicita que “la cultura es una forma de intervención en el espacio público que construye, de-construye, re-construye identidades sociales y sus posiciones relativas de poder” (Grüner, E. 1990/91). Por ello, la cultura es- “-como diría Bourdieu – un “campo” de fuerzas en permanente pugna – consciente o no- por imponer sus propios sistemas de representación, sus propias “redes semióticas” en las cuales atrapar el huidizo cardumen de significaciones que organizan el universo según la lógica de los intereses materiales y simbólicos (Bourdieu, P. (1884ª).Citado por Gruner, E. ibid).. Esta dimensión postula a la cultura como la lucha por el sentido.

Adhiero a que las palabras constituyen a las cosas en contextos de discurso que generan la inteligibilidad social común, y que estos contextos son, a su vez, campos de lectura productos de un proceso de lucha por la hegemonía ideológica, por la construcción del sentido. Es en el campo cultural en donde se desenvuelve el conjunto de los fenómenos de la producción social de sentido. La cultura define siempre un sistema significante de constitución simbólica, de clasificación de los objetos del mundo, que orienta la conducta de los actores sociales, y que construye su «sentido común”. Pero este sentido común – esa doxa – es un punto de vista particular: el punto de vista de los dominantes que se impone como universal; el punto de vista de los que dominan dominando el Estado y que han constituido su punto de vista como punto de vista universal al hacer el Estado. (Bourdieu, P, 1996:26)

Mi especial interés es centrarme en el problema de la “cultura política” en tanto dimensión relacional entre cultura y política. Esta relación no es una relación de “correspondencia” – es decir de causalidad entre ambas direcciones- sino de mutua implicación lógica. Se trata de descubrir los puntos de fusión entre las lógicas articulatorias de los registros culturales y políticos; es decir descubrir cómo las prácticas culturales son atravesadas y condicionadas por las relaciones de dominación. En esa lucha por justificar la dominación quienes posean los aparatos ideológicos del Estado[xix] cuentan con tecnologías de poder para apropiarse del campo cultural de las significaciones[xx]. A través del ejercicio de la violencia simbólica el Estado genera estructuras de sentido que “aparecen” como “ identidades colectivas” (nación, regionalismos etc.), las que se enuncian como esencialidades en los discursos del sentido común[xxi]. Esto es por que – explica Bourdieu – el Estado “crea una suerte de orquestación de los habitus, una suerte de consenso sobre el conjunto de evidencias compartidas que son constitutivas del sentido común (Ob.Cit: 23).

En el campo de la cultura política se constituyen los «habitus» políticos que naturalizan la dominación política y por ello el concepto central es el de violencia simbólica. No olvidemos que la violencia simbólica tiene su origen en la relación entre las estructuras que constituyen el habitus de los dominados y la estructura de dominación que las sustenta: el dominado percibe al dominante a través de las categorías producidas por la relación de dominación y que, por lo tanto, son funcionales a los intereses del dominante.

La cultura es el campo de la lucha ideológica y este es el espacio teórico de la ideología. Lo ideológico, en tanto dimensión inherente a toda realidad significante, debe ser objeto de análisis para comprender las fuerzas que operan en el campo de la cultura política, es decir para comprender porque algunos “mandan” y otros “obedecen”.

En los estudios más recientes sobre cultura política, el análisis ha sido abordado desde lo ideológico; a pesar de la dificultad de acordar una definición adecuada de ideología.[xxii]. Los aportes a la comprensión de los comportamientos políticos afrontados desde las teorías del poder, otorgan a la ideología la función de legitimar la dominación, como es el caso de Pierre Bourdieu[xxiii]. A través del concepto de violencia simbólica Bourdieu aporta comprensión a las teorías de la creencia y de la producción de la creencia, (que es el problema central de la ideología)(Gutiérrez, A. ob. cit.: 40). Por eso el problema de la cultura política debe estar vinculado al problema de la relación de las formas simbólicas con el poder.

Concluimos entonces: el Estado – detentor de metacapital- es el gran dominante en el campo del poder; consecuentemente quienes ocupen sus aparatos concentran un enorme capital político, el gran diferenciador en el campo social. En este esquema entiendo, que la cultura política de una sociedad histórica debe pensarse como un subcampo del campo del poder, en donde el capital en juego es el sentido que justifica las relaciones dominación.

A su vez el Estado en tanto instancia reguladora de las prácticas va a ser determinante de la producción y la representación de los instrumentos de construcción de la realidad. Al ser el Estado ( en especial el provincial) el principal productor de violencia simbólica, las formas históricas de orquestar los habitus serán acordes a las formas simbólicas que acuñe el régimen político.

La articulación entonces es de mutua implicación lógica. Un determinado régimen instituye las prácticas de una determinada cultura política. Y esta cultura – en tanto condensación de los sistemas significantes – legitima ideológicamente esas prácticas, que permiten caracterizar al régimen político como un producto histórico concreto.

Régimen patrimonialista & cultura particularista

En consecuencia con lo expuesto, y con relación a los regímenes patrimonialistas, sus prácticas particularistas deben verse como un aprendizaje especial cuyo elemento productor debe buscarse en los esquemas mentales de percepción, apreciación, evaluación de la realidad que constituyen el «habitus” en este caso el habitus político particularista. Las relaciones sociales deben ser entendidas como algo que los actores construyen en el contexto de sus posibilidades objetivas, – en “su historia objetiva” – resolviendo problemas cotidianos y construyendo lazos afectivos. Las prácticas particularistas son el producto de «estrategias» (conscientes o inconscientes) orientadas hacia la satisfacción de intereses materiales y simbólicos de los actores involucrados que se despliegan en diferentes campos.

Javier Auyero (1996: 37-56) con relación a una de sus prácticas centrales, el clientelismo, aclara un problema existente en el análisis sociológico. Lo explica a partir de lo que da en llamar la “doble vida del clientelismo político”, haciendo alusión a una “vida” que se muestra, es la conocida y analizada y la “otra vida” en tanto oculta o no reconocida. En esta metáfora se refiere a la literatura sobre el tema, toda vez que la mayoría está centrada en que “las redes clientelares viven una vida en la objetividad del primer orden en tanto distribución de bienes y servicios a cambio de lealtades políticas, apoyo y votos” desconociendo la dimensión subjetiva de esta práctica que Auyero llama “la objetividad de segundo orden”, destacando que “las redes clientelares existen como esquemas de apreciación, percepción y acción en las estructuras mentales de los sujetos involucrados en esas relaciones de intercambio”. En la dificultad de percibir ambos aspectos radica el problema de visualizar correctamente el clientelismo político( Ibíd.).

Las prácticas clientelares pueden ser entendidas como producto de la obediencia a una regla, nos dice Auyero sólo en la medida en que la regla debe ser entendida como un principio implícito que «existe en estado práctico» en las prácticas sociales «pero no en su discurso”[xxiv]. “Estas prácticas son el producto de «estrategias (conscientes o inconscientes) orientadas hacia la satisfacción de intereses materiales y simbólicos y organizadas en referencia a un conjunto determinado de condiciones sociales y económicas».» (Auyero J. ob.cit.).

Llama la atención Gutiérrez (1995:68) respecto de que las prácticas y las representaciones generadas por el habitus son producto de un sentido práctico que implica el encuentro entre habitus y un campo social “ entre la historia objetivada y la historia incorporada”. Por ello debemos coincidir con Auyero en que puede llevar a error presentar el análisis de estas prácticas en términos de un aprendizaje sin tener en cuenta que mientras “se «aprehende» un rol lo que se introyecta es, en términos de Bourdieu, un «arbitrario cultural” ( Auyero, J. ob.cit.). Y este «arbitrario cultural», que se forja en campo de la cultura política llevará a los actores a colaborar con su propia dominación y muchas veces a los dominantes ejercerla más allá de sus intenciones.

Esto quiere decir que si el Estado provincial forma disposiciones durables, (en la reproducción social, en la vida cotidiana,) la relación clientelar (particularista) no sólo será estructurada a través de los intercambios de favores, influencia o bienes, sino que estará además instalada a nivel de las creencias, – como consecuencia del ejercicio de la violencia simbólica -, en los “habitus”[xxv].

Finalmente por las características del campo del poder que atraviesa todos los otros campos -como consecuencia de la homología estructural- la cultura política impregna las formas culturales de todos los campos a lo que los condiciona fuertemente. Por ello los nudos de las redes particularistas que se despliegan en un campo o entre campos deben ser vistos como lugares en los que una organización capilar del poder es construida, como escuelas de violencia simbólica que imponen un orden social, un sistema de dominación.[xxvi]

¿Hay posibilidad de ruptura?

Si – como ya explicamos – los estados provinciales acumulan importante cuota poder como para ejercer la violencia simbólica, debemos concluir entonces que regímenes políticos patrimoniales como el vigente en San Luis, genera la “ historia objetivada” o sea la estructura que produce un sistema de disposiciones durables, es decir habitus en sus habitantes. Ahora bien, como señala Alicia Gutiérrez(1995:74), el habitus constituye un sistema de disposiciones durables, pero nos inmutables. Si al agente se le posibilita reformular sus disposiciones, cuando se enfrenta a condiciones objetivas diferentes, existe la posibilidad de ruptura de la estructura internalizada. Pero también aclara la autora que la mayor parte de los agentes se encuentran estadísticamente expuesto a encontrar circunstancias semejantes u homologas a aquellas en las que se formaron sus disposiciones, lo que aporta para ver la complejidad del desafío que significa mejorar la calidad republicana.

La cultura define siempre un sistema significante de constitución simbólica, que orienta la conducta de los actores sociales, que construye su «sentido común”. Desde esta mirada, la “hegemonía” no es otra cosa que la conquista del sentido común y la “batalla” por la hegemonía comienza por la crítica del sentido común en tanto construcción histórica que ha ganado el imaginario. Entonces la pregunta es cómo “criticar” esa construcción? Si la cultura política opera a nivel de las creencias, lo que aparece entonces como desafío es «ganar» el sentido común. Se trata de mirar hacia el interior de la “sociedad civil” de sus instituciones y sus organizaciones, problematizando, criticando y alterando los códigos cristalizados del sentido común, produciendo la reforma intelectual y ética de la sociedad. Para criticar el sentido común hay que partir de sus propios resultados; entonces la crítica debe bucear en su génesis e interrogar la lógica del poder que lo ha constituido históricamente. Y en ello coincido nuevamente con Grüner (ob. cit), en que se requiere de un discurso crítico – parcialmente externo- capaz de producir la ruptura.

Se trata de generar desde la resistencia a la hegemonía, discursos y prácticas que pongan en cuestión estas formas de ejercicio de la dominación, y refuercen posiciones de sujeto republicanas. Pero son muchas las piedras que se encontrarán en ese camino. En el orden nacional las prácticas particularistas son moneda corriente y el imaginario social está surcado por el desencanto con las instituciones de la república, a lo que debemos sumar el desamparo ante el sufrimiento social y la injusticia que genera un sentimiento generalizado de abandono, de angustia y depresión colectiva. Frente a esta situación la marca central del discurso político “adolfista” presenta al régimen puntano que gobierna desde 1983, como el único eficiente frente a un caos generalizado, impidiendo ver las prácticas que lo hicieron posible, lo que hiere gravemente al proceso de subjetivación democrática. Por ello, no es tarea sencilla construir el orden republicano y producir la ruptura con las prácticas particularistas internalizadas.

Es una lucha difícil entre patrimonialismo y república. Los regímenes patrimonialistas contemporáneos recurren a sofisticadas estrategias de dominación reciclando viejas prácticas con modernos recursos y las instituciones de la república parecen jaqueadas por el desencanto político. Pero esta disputa tiene además otras reglas, porque se dirime en otra dimensión: la ética. Y la demanda de mejores comportamientos sociales otorga valor simbólico a otras prácticas y capital simbólico a nuevos actores, obligando a redimensionar las relaciones de fuerzas. Quizás es allí donde pueden abrigarse las esperanzas.

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· Profesora efectiva e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis. Directora del Proyecto de Investigación Consolidado SeCyT de la U.N.S.L. “Régimen Político y Cultura Política”

Notas:

[i]Como recomienda Alicia Gutiérrez, para abordar de una manera más clara la problemática social hay que analizar la relación dialéctica existente entre la dimensión objetiva o material y la dimensión simbólica (Gutiérrez, A.1999)

[ii] Bourdieu transforma la mirada tradicional de la relación entre individuo y sociedad, y la plantea como una relación construida entre los dos modos de existencia de lo social: las estructuras sociales externas, lo social hecho cosas, objetivado, (el campo) (allí su vertiente estructuralista); y las estructuras sociales internalizadas, lo social hecho cuerpo, incorporado al agente (el habitus). Es en el habitus que Bourdieu incorpora su planteo construccionista. Estos conceptos centrales en el pensamiento de Bourdieu existen uno en relación con el otro.

[iii] Interpreto que cuando Bourdieu habla de Estado esta englobando también a las unidades de dominación estatal constituidas al interior del Estado Nación. Lo que intento en este planteo es diferenciar las estrategias e intereses de una de esas unidades y su capacidad de concentración de recursos de poder.

[iv] Entiendo que la dominación política es una parte analítica del fenómeno más general de la dominación, y que se caracteriza por la posibilidad de hacer uso legítimo de la fuerza física, (y en consecuencia de las instituciones estatales en tanto objetivación de esa dominación). Ver O’Donnell, G. 1985.

[v] Los campos sociales son “espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias” (Bourdieu, P., 1988). «Los campos se presentan para la aprehensión sincrónica como espacios estructurados de posiciones cuyas propiedades dependen de su posición en dichos espacios y pueden analizarse en forma independiente de las características de sus ocupantes… «, «Un campo se define definiendo aquello que está en juego… para que funcione un campo, es necesario que haya algo en juego, y gente dispuesta a jugar…» (Bourdieu, P., 1984. pp: . 135-131). Se deduce que Bourdieu distingue los campos sociales a partir del capital que está en juego, las diferentes variedades dentro de cada campo se convierten en el objeto central de las luchas y del consenso. En “Espíritus de Estado” (Cit) explica que el campo del poder tiene una lógica diferente pues está asociado al resultado de un proceso de concentración de capitales diversos.

[vi] Capital: puede definirse «como conjunto de bienes acumulados que se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten, se pierden… se extiende a cualquier tipo de bien susceptible de acumulación, en torno del cual puede constituirse un proceso de producción, distribución y consumo, y por tanto, un mercado. En este sentido, los campos sociales pueden ser considerados como mercados de capitales específicos” ( Gutiérrez, 1995: 34)

[vii]Lo he desarrollado en Trocello, M. G., 1998 a y b.

[viii] Ídem. Esta radicalización en el campo discursivo es la que permite decir que el discurso «adolfista»(por Adolfo Rodríguez Saá) es nítidamente peronista porque producen ambos el» vaciamiento del campo político» al desconocer la posibilidad de la existencia del adversario: “quien se opone a Perón se opone a la Patria”, acorde con lo expuesto por Silvia Sigal y Eliseo Verón (1986: 63)

[ix] Lo he desarrollado con detenimiento en Trocello M.G.1997.

[x] A partir de recorrer las modificaciones que el concepto de habitus sufre en los diferentes trabajos de Bourdieu, Alicia Gutiérrez (1995:65)lo sintetiza como “ aquella disposición a actuar, percibir, valorar, sentir y pensar de una cierta manera más que de otra, disposiciones que han sido interiorizadas por el individuo en el curso de la historia. El habitus es, pues, la historia hecha cuerpo”[x]

[xi] Está desarrollado con detenimiento en Trocello, M.G. y Domeniconi, S. 2001.

[xii] Con relación al tema un análisis de cómo los sistemas significantes(mito, religión e ideología política) se ponen al servicio del régimen puntano ver Trocello, M. G. 1998

[xiii] Por Adolfo Rodríguez Saá. Para un explicitación mayor de este tema ver Arias, L. (1999)

[xiv] Deseamos aclarar también que si bien los contenidos educativos deben adaptarse a los requerimientos nacionales, en los de las ciencias sociales se impulsa la necesidad de revalorizar “ lo local”, y es justamente en donde es mayor la posibilidad penetración ideológica. (Trocello. M.G.2001)

[xv] Siguiendo la lógica del análisis propuesta por Alicia Gutiérrez (1995: 93)

[xvi] O’Donnell centra el análisis de las democracias latinoamericanas a partir del concepto institución al que define como: “un patrón regularizado de interacción que es conocido, practicado y aceptado (si bien no necesariamente aprobado) por actores que tienen la expectativa de seguir interactuando bajo las reglas sancionadas y sostenidas por ese patrón” ( O’Donnell, G. 1997:310) La aclaración de que no deben ser necesariamente aprobados, entiendo hace alusión a que se constituyen en los actores como habitus.

[xvii] Como ya adelanté he preferido utilizar el término “patrimonialismo” tal como lo acuñara Weber, priorizando la tipificación teórica a la conformación histórica, siguiendo en este sentido a Oszlack(1980) que rescata el término para analizar las políticas públicas. También O’Donnell(1989, 1997). Hay corrientes politológicas que lo denominan neo-patrimonialismo.

[xviii] Si bien Bourdieu analiza especialmente en el caso soviético y allí el principio de diferenciación debe contemplar que el capital económico esta oficialmente fuera de juego, creo que la patrimonialización del metacapital estatal genera igualmente que el capital político sea un principio de diferenciación muy importante. Bourdieu, P. ((1997:27 a 32).

[xix] En el sentido althusseriano. Althusser, L.( 1969)

[xx] Entiendo que las significaciones son fenómenos intersubjetivos, resultado de las prácticas sociales y no de la conciencia individual.

[xxi] Lo he tratado en Trocello, M.G. 2001.

[xxii] Terry Eagleton (1997) enumera dieciséis variedades de significados.

[xxiii] Antonio Ariño entiende que el concepto de violencia simbólica de Bourdieu es central para comprender el ocultamiento y las forma ideológicas de consentimiento que legitiman la dominación es decir de relaciones asimétricas de poder como consecuencia de reparto asimétrico de recursos. ARIÑO, Antonio(1997)

[xxiv] Si bien el tratamiento de la cuestión excede las posibilidades de este trabajo he venido sosteniendo que las formas patrimonialistas de ejercicio de la dominación política resultan de la combinación eficiente de prácticas particularistas y un sistema simbólico con componentes alternativos de corte democrático o populista. El discurso republicano de legitimación por el voto y el populista que “apelando al pueblo” rompe las mediaciones institucionales son funcionales para legitimar muchas de estas prácticas. Ver Trocello, M.G. (2001). A su vez en el discurso del clientelismo los agentes sociales pueden constituirse discursivamente como sujetos en tanto surcados por diferencias legítimas y específicas en el interior del discurso dominante. La división dicotómica de la sociedad no es negada, sino que el pueblo aparece «amenazado» por el poder. Esta dicotomía no aparece como antagonismo sino como un hecho natural. (Laclau, E. 1979)

[xxv] Como bien remarca Alicia Gutiérrez “Son principios evaluativos de las posibilidades y limitaciones objetivas, incorporadas al agente por esas mismas condiciones objetivas, a lo largo de una trayectoria individual, que es una variante estructural de una trayectoria de clase. Son productos de un sentido práctico, que funcionan en la práctica y que tienden a pensar el mundo «tal cual es», como «yendo de suyo», a aceptarlo más que a intentar modificarlo. (Gutiérrez, A. 1997)