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POLÍTICA Y DESENCANTO
María de los Angeles Yannuzzi(·)
La crisis de representación que atraviesa las formas políticas actuales pone
claramente de manifiesto la dificultad del hombre común para encontrar
canales orgánicos que, más allá del momento electoral, le aseguren una
interacción más permanente con el estado. Esto se traduce en un fuerte
desinterés en la participación, producto a su vez de una profunda desilusión
en la política como mecánica pacífica de transformación. Pero la
persistencia de este sentimiento tiende a deteriorar las instancias de
unificación que permiten asegurar la construcción de una esfera común en la
que todos los ciudadanos puedan reconocerse. En ese sentido, toda instancia
política constituye un espacio específico, carente en la Modernidad de un
lugar físico concreto, en el que se toman las decisiones fundamentales que
organizan el vivir en sociedad, logrando así, a partir del intercambio entre
los sujetos políticos, el momento de unidad conciliada de la diferencia. Es
aquí entonces donde pueden instalarse, como sucede por ejemplo hoy, imágenes
pesimistas de la política que llevan a negarla incluso como mecánica
eficiente de resolución de la conflictividad.
Pero ¿cuáles son las causas de ese desencanto? En verdad se trata de un
fenómeno que reconoce una multiplicidad causal que nos remonta incluso a la
forma misma de concebir la política moderna. Por eso, y a efectos
analíticos, las dividiremos en a) generales – es decir, aquéllas que se
refieren a los problemas que presenta la política en la Modernidad y, dentro
de ella, al que concretamente plantea la sociedad de masas tal como se la
articuló en el siglo XX -, y b) específicas – es decir, las que responden a
una lógica expulsiva que es en parte producto de la globalización y en parte
también producto del tipo particular de respuesta que, a partir del modelo
neoconservador, se ha venido dando a este nuevo proceso mundial. Partimos
así del supuesto que la desilusión que hoy se pone de manifiesto se sustenta
no solamente en los profundos cambios recientes que se han producido en el
estado y en la sociedad, sino, además – y de allí la necesidad de
instrumentar un análisis más vasto -, en la forma misma en que se piensa la
articulación de la política a partir del advenimiento de la sociedad
capitalista.
LOS PROBLEMAS DE LA POLÍTICA MODERNA
Mal podría comprenderse el actual agotamiento de la política si no lo
pensáramos inserto en un marco teórico-conceptual más amplio y general que
se inicia con la misma construcción del estado moderno. Se trata, entonces,
de desentrañar la lógica primordial con la que se instrumenta la política en
la Modernidad, lógica que, en última instancia, articula prácticas concretas
que tienden a reiterarse, al menos en un sentido genérico, en las distintas
sociedades. Pero afirmar esto no significa sostener que su reproducción
tenga que ser forzosamente idéntica en todos los casos. Por el contrario, si
bien es cierto que responden a una misma logicidad, al insertarse en
substratos culturales distintos, presentan variaciones que pueden llegar a
dificultar o a favorecer, según el caso, la construcción específica del
espacio de participación. Esto nos remite a un aspecto más vasto y complejo,
aunque también menos definido en sus alcances reales, el de la cultura
política existente, ya que todo ordenamiento está siempre fuertemente
condicionado por las concepciones políticas a partir de las cuales los
sujetos dan sentido a los distintos hechos que se les presentan de forma
caótica. Es este ámbito, amplio y lábil - que incluye tanto prácticas,
discursos e instituciones políticas como mitos, creencias políticas y
construcciones imaginarias de la realidad -, el medio fundamental en el que
se dirime esta problemática, ya que es en este espacio de subjetividad donde
el hombre da sentido al mundo circundante, corporizando al mismo tiempo en
el terreno de la práctica sus concepciones propias, por ejemplo, de
integración, de exclusión o de poder, que se traducen así en marcas
institucionalizadas en la sociedad.
En función de ello, y en una primera aproximación, podemos decir que el
desencanto que hoy vivenciamos no plantea más que las dificultades que el
hombre común encuentra en el contexto de la Modernidad para insertar su voz
en el espacio público. Se trata en ese sentido de un problema recurrente que
se proyecta a su vez en la forma específica de articulación tanto de la
legitimidad como de las condiciones necesarias para la reproducción de todo
régimen político. Tradicionalmente es en el espacio público donde una
sociedad política particular instituye y reproduce desde el estado la manera
específica en que constituye a sus propios ciudadanos. Pero este espacio,
tal como fue instituido en la Modernidad, nos plantea una serie de
dificultades que llevan tendencialmente a alejar al hombre común de un
compromiso activo y directo con el mundo de la política. En ese sentido, el
problema más importante puede resumirse quizás en el hecho que, al carecer
de un lugar concreto, este espacio exige, por parte de los sujetos en él
actuantes, un cierto nivel de abstracción que permita articular su
representación como imagen contenedora de la politicidad. Pero si bien esta
dificultad es co-constitutiva de la política moderna, se ha ido
complejizando a lo largo del tiempo, haciendo con ello cada vez más distante
la relación del hombre con el estado. En ese contexto, el advenimiento de la
sociedad de masas constituye a nuestro juicio el punto de inflexión más
importante en esta evolución, ya que introdujo profundas transformaciones en
la práctica política, transformaciones que, todavía hoy, siguen
condicionando la acción política concreta. Por eso los problemas que se
plantearon en ese momento, particularmente en torno a la participación
política, constituyen para nosotros el marco general dentro del cual se debe
explicar la actual desilusión en la política.
Desde la conformación de la sociedad de masas - momento en el que se amplió
el espacio público al articularse plenamente en el ámbito político la noción
moderna de igualdad -, la participación de los hombres en dicho espacio se
produce en principio de forma fundamentalmente fragmentada y mediatizada. Al
mismo tiempo que, por un lado, el sufragio universal permitió integrar a
todos los hombres al estado, la necesidad de convocar y movilizar a grandes
números de ciudadanos dio origen, por el otro, a un proceso de
especialización en las funciones políticas que generó a su vez nuevos planos
de diferenciación, esta vez en los niveles de compromiso y de participación
de los sujetos políticos individuales. Pero si bien esto supone en principio
una ampliación de lo público al punto de politizar toda la sociedad debido a
que se integran, a partir de ahora, todos los individuos en el estado, se
produjo paradójicamente un mayor distanciamiento en la relación
estado-ciudadano. Cierto es, sin embargo, que éste tampoco constituía un
problema enteramente nuevo. En ese sentido, la imposibilidad en muchos casos
de producir una relación inmediata entre estado y ciudadano ya había
obligado a articular en los inicios mismos de la Modernidad el concepto de
representación. Pero, no obstante ello, la relación entre ambos durante la
etapa liberal, con una sociedad política más acotada, había sido articulada
de forma mucho más directa de lo que sucedía en el contexto de la sociedad
masificada. Por eso, buscar los medios en la sociedad de masas para que la
opinión del ciudadano trascendiera de alguna manera el mero marco privado
obligó a conformar organizaciones de distinto tipo que garantizaran de
alguna manera la inserción del hombre común en el espacio público. Se
introdujo así un nuevo plano de intermediación, esta vez representado por un
colectivo, que se interpuso entre el ciudadano, los representantes y el
estado.
En principio, estas instancias de mediación, que suponen necesariamente el
desarrollo de formas organizativas complejas, cumplen una doble función. En
primer lugar, ofician de amplificadoras de la opinión y de las propuestas y
demandas concretas que provienen del hombre común, ya que al permitir la
participación en un mundo que ha escindido el espacio público del privado
hacen que la voz del ciudadano común salga de una privacidad por definición
despolitizada y se inserte, si bien modificada, en el espacio político. En
segundo lugar, al contribuir a la conformación de la opinión pública, se
instituyen como una primera instancia de articulación entre lo particular y
lo general, por lo que al hacer que distintas doxas individuales se
identifiquen en una misma opinión colectiva, contribuyen a construir el
espacio de lo común, homogeneizándolo al mismo tiempo. En ese contexto,
estas distintas formas de organización que afloraron en la sociedad política
y en la civil, conjuntamente con el estado, se erigieron en los espacios en
los que, en distintos niveles, se conformaban la cohesión social y las
identidades sociales y políticas. Pero la presencia de la organización
terminó modificando enormemente la calidad del espacio público. Por eso
mismo, y a pesar del rol positivo que juegan en la articulación política y
social, su aparición no deja de plantear una fuerte paradoja que se proyecta
sobre el modo en que se articularan los sistemas políticos del siglo XX,
paradoja que, en última instancia, cuestiona fuertemente el sentido mismo de
la politicidad.
A partir de la masificación de la sociedad, y debido a ello mismo, la
organización se erigió en un nuevo sujeto político, esta vez colectivo,
verdadero articulador de la palabra pública y, por ello mismo, del debate
político que, por esa razón, tiende a homogeneizarse. Esto hace que la
organización adquiera una entidad propia que la lleva a generar sus propios
intereses, intereses que no siempre son coincidentes con los del ciudadano
individual o, incluso, con los de sus propios miembros rasos. Tal como
enunciaran por primera vez autores como Mosca, Pareto, Michels e, incluso,
el mismo Weber, toda organización, si bien fundada sobre el principio
democrático, termina constituyendo como general el interés particular de sus
propios líderes. Es por ello que estas instancias colectivas de mediación
provocan, ya con su misma presencia, un mayor distanciamiento entre el
ciudadano común y el estado al interferir directamente en esta relación. Nos
encontramos así ante un verdadero dilema. Si bien sin organización la
participación del hombre común se diluye, ya que su voz queda como mera doxa
privada, con ella, toda construcción de poder que se realice en su seno
termina negando el espacio democrático de la mayoría. Dicho en otros
términos, esto significa que ya en la misma lógica de la organización está
inscripta la tendencia que lleva a consolidar como general el interés propio
de las minorías, al ser éstas mucho más eficaces en la consecución de
fines[1], para lo cual, completando un círculo perverso, necesitan
consolidar todavía más la organización. Pero ya no son los ciudadanos los
que debaten e intercambian entre sí, sino que son las distintas
organizaciones las que simplemente pujan por un poder que les permita lograr
la consecución de sus fines.
Con ello no solamente pierde sentido la argumentación – elemento fundante de
todo debate - como práctica destinada a convencer, sino que, más grave aún,
se opera una clara reducción de la política a guerra, reducción que termina
convirtiendo a estas organizaciones en verdaderos aparatos que desarrollan,
tanto hacia su interior como en su relación con el estado y con las otras
organizaciones, una concepción de poder suma 0. Sin embargo, esta lógica de
poder que ha terminado adquiriendo la política democrática en el siglo XX,
lejos de favorecer la participación, profundiza el extrañamiento al alejar
al hombre común de una práctica política que, al militarizarse, lo expulsa a
su mundo privado. Por eso, si bien no se niega en el discurso la noción de
ciudadano, construida en la Modernidad como individuo autónomo frente al
estado, estas nuevas formas colectivas, dadas las ventajas que presentan en
su puja con aquél, terminan convirtiéndose en los verdaderos sujetos
políticos realmente activos de la política. Vemos así que, en situaciones
extremas, el carácter brutal con el que muchas veces se muestra la praxis
política concreta a nivel de las distintas facciones en pugna, a lo que se
agrega esta relación mediata que el hombre entabla con el estado y, por
ende, con la instancia real de decisión, promueve el afloramiento de un
sentimiento de impotencia que repliega decididamente al hombre común al
ámbito de lo inmediato y cotidiano, único espacio que puede llegar a sentir
como propio. Es decir que, si bien la ampliación del sufragio lleva por un
lado a politizar toda la sociedad, la función homogeneizadora que cumplen en
última instancia las organizaciones tienen como efecto la despolitización o,
al menos, la neutralización, de otros ámbitos, fundamentalmente de aquéllos
en los que el hombre común articula cotidianamente su propia politicidad.
Pero entonces el espacio público, lejos de hacerse más transparente, tiende
a opacarse al diluirse una multiplicidad de voces, generalmente disidentes,
que no encuentran canales propicios para su manifestación.
De todas formas, este distanciamiento entre hombre y estado no siempre fue
vivenciado como tal en el contexto de la sociedad de masas. Bien sabemos que
la imagen con la que generalmente se la asocia está estrechamente
relacionada con las formas carismáticas de dominación[2] que se
caracterizan, entre otras cosas, por un alto poder de convocatoria por parte
del líder, momento en el cual se supera en el orden de lo imaginario la
escisión entre estado y ciudadano. Sin embargo, el dilema que nos plantea la
misma organización, tal como lo hemos descripto, reactualiza permanentemente
lo que en principio aparece como su negación, es decir, la necesidad de
generar neutralizaciones que aseguren la homogeneización y garanticen así el
espacio de poder de la elite. Esto significa que ambas instancias se
encuentran presentes en este tipo de sociedad, si bien no siempre se las
percibe con la misma intensidad. Por eso mismo entendemos que las sociedades
políticas del siglo XX oscilan en realidad entre dos polos diametralmente
opuestos que indistintamente adquieren mayor o menor preponderancia según
cuáles sean las condiciones reales de posibilidad en cada caso concreto.
Estas sociedades son entonces pasibles, tanto de una politización total – en
la medida en que se articule alguna forma eficiente de superación del hiato
que se entabla entre hombre común y estado -, como de un fuerte retraimiento
de la participación política - producto siempre de la quiebra de las
instancias de identificación que legitimaban inicialmente la representación.
Es decir que ambos extremos están ya implícitos en la lógica misma de toda
sociedad de masas y el desarrollo preponderante de uno u otro depende
únicamente de la existencia o no de determinadas condiciones objetivas.
LAS ACTUALES TENDENCIAS EXPULSIVAS
Hoy nos encontramos circulando por ese segundo momento que se caracteriza
por la emergencia de instancias diversas que llevan a inhibir la
participación. Y esto se debe a que, al producirse la desarticulación del
keynesianismo, se quebraron también todas las otras formas que contribuían a
constituir las distintas identidades políticas y sociales y la cohesión
social. Esto ha llevado a profundizar el hiato entre estado y sociedad,
promoviendo con ello un desencanto incluso mayor al que podíamos encontrar
en épocas anteriores. En última instancia, la quiebra del estado keynesiano
ha puesto fin al tipo de solución que el siglo XX dio a la inserción de las
masas en la política. Y con ello se quebraron también las estructuras
simbólicas e imaginarias que, de alguna manera, permitían suturar el hiato
sobre el cual se había instituido el estado. Este es, a nuestro juicio, uno
de los motivos más importantes por el cual se produce en este momento una
desilusión más profunda y generalizada que nos lleva incluso a plantear la
existencia de una crisis de la política. Traducida generalmente como ‘crisis
de representación’, este retraimiento del espacio público se manifiesta, en
un plano más concreto, en la dificultad que encuentran los partidos
políticos tradicionales, estructurados como partidos de masas, para convocar
y mantener los consensos que legitimen su propio lugar de poder y, por
consiguiente, al mismo estado.
En verdad se trata de un movimiento altamente complejo e interrelacionado,
en el que tanto el estado, como las distintas formas de organización
subordinadas en última instancia a aquél, retroalimentan constantemente las
imágenes negativas. No se trata, en ese sentido, de momentos o crisis
distintas, sino de una sola que reconoce como punto nodal de inflexión la
quiebra de la forma de estado, ya que, al debilitarse éste como centro único
simbólico de poder, dejó de legitimar a su vez las distintas formas de
mediación. Es aquí entonces donde se introdujeron fisuras importantes en la
construcción del espacio público[3] que han llevado a agudizar aún más el
extrañamiento del hombre común. Producto de ello es el afloramiento de
particularismos y localismos de distinto tipo que objetivamente dificultan
en principio la construcción de solidaridades más amplias que reconstituyan
la cohesión social, por lo que hoy somos testigos de una cierta reducción
del espacio público, reducción que adquiere en las distintas sociedades
intensidades diversas. En ese sentido, este proceso de diferenciación
introducido por la globalización ha abierto en las sociedades dos planos de
interacción posibles, uno local y otro nacional, que llevan a complejizar la
articulación de un espacio público unificado tal como se había construido
hasta ahora.
Esto no deja de contener, en principio, aspectos positivos que revierten
incluso beneficiosamente sobre el mismo proceso de diferenciación. En última
instancia, la quiebra de las identidades políticas tradicionales – modo en
que se manifiesta la crisis de estas organizaciones - permitió liberar los
espacios locales, favoreciendo, al menos potencialmente, la democratización
de la sociedad. Pero más importante aún es el hecho que, con la quiebra de
estas formas de organización, se desarticularon las condiciones objetivas
que llevaban a mantener un electorado cautivo, por lo que se logró
autonomizar también a los sujetos individuales dejando abiertas nuevas
posibilidades de construcción. Sin embargo, los efectos positivos de esta
autonomización se hacen más visibles, al menos por ahora, en el contexto de
los espacios locales. Por eso, en principio, podemos decir que las
consecuencias propias de la recuperación de una cierta autonomía por parte
del sujeto político se evidencian mejor en los espacios más concretos y
cotidianos de participación de los ciudadanos. Esto, por cierto, abre
expectativas interesantes en torno a la posibilidad de generar formas de
mayor participación, si bien estos espacios todavía necesitan ser realmente
construidos en tanto que espacios más democráticos de interacción
Pero, donde se presentan, a nuestro juicio, los mayores problemas para
lograr eficazmente la participación del ciudadano es en el espacio público
nacional, ya que, al no generarse nuevas construcciones superadoras de los
particularismos, la dificultad que existe en la modernidad para ejercer una
doxa verdaderamente pública lleva a profundizar todavía más el hiato entre
estado y sociedad y, con ello, el extrañamiento del hombre común de la
política. Y en ese sentido, la autonomización a la que hacíamos referencia
parece jugar negativamente al resolverse generalmente en términos de
alejamiento. Incluso, la creciente pérdida de interés en lo público tiende a
agravarse en el caso de aquellas sociedades que, como por ejemplo la
argentina, tienen una cultura política ligada fuertemente al modo de
regulación estatal, ya que al haberse constituido el estado como centro
único simbólico a partir del cual se definían en última instancia las
identidades, su quiebra opera como desarticuladora de los nexos
identificatorios que estructuraban la cohesión social. Hoy se hace bastante
evidente que los espacios locales han llegado a adquirir una mayor
relevancia política para el hombre común. Las últimas elecciones argentinas,
por ejemplo, particularmente en los casos en que se separaron la instancia
provincial y municipal de la nacional, así lo ponen de manifiesto. En ese
sentido, podemos decir que en general se desarrolló una actividad política
más intensa en el primer caso en comparación con el segundo. Esto es índice,
por supuesto, del mayor interés que suscitan estos espacios tanto para los
políticos que pretenden lograr las adhesiones que los lleven al poder como
en los ciudadanos que, aun incluso manteniendo una cierta pasividad,
demuestran un mayor compromiso y una mayor preocupación por lo público, es
decir, por lo común. Por eso, podemos concluir que, desde el punto de vista
del ciudadano, y contrariamente a lo que ocurre con el espacio público
nacional, la instancia local se percibe como más concreta.
Sin embargo, si tenemos en cuenta que en ese espacio nacional que hoy parece
diluirse es donde todavía se siguen tomando las decisiones más importantes
que afectan al conjunto de los ciudadanos, nos podemos percatar de la
gravedad que reviste esta tendencia que, en última instancia, promueve el
extrañamiento del hombre común de los espacios más importantes de decisión.
Este hiato en apariencia insalvable es el que hace que la definición de las
consecuencias fundamentales para la organización societal en el nuevo
escenario mundial se concentre progresivamente en menos personas,
cristalizando con ello la exclusión del hombre común. Esto se traduce en un
proceso de atomización que tiende a exacerbar, conjuntamente con una lógica
mercantilista que se impone como articuladora de la sociabilidad, formas
claramente egoístas de construcción del individuo, por oposición a
instancias de reconocimiento y de unificación que permitan asegurar la
construcción de un espacio común.
Funcional a ello resulta entonces el discurso neoconservador que lleva a
apelar, en el plano de lo privado, a un tipo de hombre que construye su
identidad personal en el mercado, instancia que, al no encontrar forma
alguna de contención, tiende a desarrollar plenamente su aspecto atomizador,
favoreciendo objetivamente con ello el cuestionamiento de las diferentes
formas asociativas ‑ sindicatos, partidos políticos, etc. ‑ que tienen por
objeto construir un colectivo en el cual la figura del individuo se
inserte[4]. Esto se debe, entre otras cosas, a que la quiebra del
keynesianismo ha cuestionado objetivamente el rol que hasta ahora se había
asignado al estado como articulador final del espacio común. No es casual
entonces que una de las dificultades mayores que se presenta para readaptar
los criterios políticos organizativos - dificultad que a su vez se asienta
en el caso argentino, por ejemplo, en una tradición fuertemente autoritaria
y, por ende, antipoliticista - radica en que la política ha perdido
autonomía en el discurso público frente a la economía, diluyéndose así como
campo específico de reflexión y de praxis. Por eso, sumidos en un gran
descrédito, los partidos políticos aparecen fuertemente cuestionados,
particularmente desde un hombre común que siente quebrada la instancia de
representación. Es decir que, el hiato que en principio existe entre
ciudadano y estado se ha hecho ahora extensivo también a la relación
existente entre aquél y las formas mismas de mediación.
Objetivamente se ha agotado una forma particular de concebir y de organizar
lo político, lo que ha llevado a perder al mismo tiempo los modos de
significación que daban sentido al mundo circundante y a la vida en común.
Mas al desvanecerse el mundo conocido, y al no encontrarse referentes
sólidos en torno a los cuales reconstruir las identidades perdidas, los
hombres, ahora autonomizado de la contención que ofrecía el estado
keynesiano, se enfrentan a la pérdida de su propia seguridad personal, ya
que se encuentran de cara a un futuro que es en sí mismo incierto por
prometer tan sólo una trágica igualación del hombre a partir de la
exclusión, del hambre y de la violencia. Por ello mismo, la neutralización
de la política - espacio este último en el cual se dirimen racionalmente los
conflictos -, se convierte en una instancia necesaria para poder operar las
transformaciones requeridas por una modernización capitalista conservadora,
asegurando con ello la menor resistencia posible por parte de la sociedad.
Pero se produce entonces una distorsión del espacio público, distorsión que
se traduce a su vez en una nueva pérdida de transparencia, ya que el efecto
de la neutralización supone, si no la expulsión lisa y llana de las voces
divergentes, al menos sí su completa desvalorización. Es decir que, en este
contexto, las tendencias negativas que se habían señalado al analizar los
efectos de la sociedad de masas, lejos de superarse, se profundizan. Pero
esta vez el retraimiento del ciudadano común al mundo de lo privado no sólo
es mayor, sino que promueve a su vez el afloramiento de individuos egoístas
que llegan incluso a negar los lazos mínimos de solidaridad social.
En este contexto, el espacio público tiende peligrosamente a anularse, ya
que se produce su vaciamiento paulatino. Y hablamos de ‘vaciamiento’ porque
la clausura, a diferencia de lo que ocurría durante las dictaduras
militares, no se origina en la mera prohibición sancionada por la ley, sino
que simplemente se le quita al espacio público su condición misma de
posibilidad al no conseguirse articular opciones diferentes, potencialidad
esta última siempre presente cuando se reconoce al adversario como sujeto
político interactuante. Dos son los motivos fundamentales por los que el
espacio público tiende a vaciarse. Primero, porque el intercambio de ideas
en torno a las cuestiones específicamente políticas - entre ellas, la más
importante, el establecimiento de los criterios organizativos generales -
pierde total relevancia, desvalorizándose al mismo tiempo la mediación
específica - es decir, los partidos políticos - y desvirtuándose, por
consiguiente, la participación del hombre común. Segundo, porque se
distorsiona el debate al producirse un fuerte reduccionismo economicista,
hecho que anula la voz de quien no es experto y que lleva a extender por su
contenido el espacio de lo privado en lo público. De esta forma desaparece -
o al menos tiende a desaparecer - el disenso, negando totalmente la política
al dejar de ser con ello un acto dialógico. Como sostiene Hannah Arendt, “el
hombre, en la medida que es un ser político, está dotado con el poder de la
palabra” (ARENDT:19), por lo que el debate y el hecho de ser sujeto activo
de este debate, son condiciones necesarias para no ser instituido como
marginal en la política.
Pero si pensamos esto desde una lógica de poder, retomando incluso el dilema
que nos planteaba la organización, el resultado de un espacio público
ideológicamente monocromático no es más que el enquistamiento de una
fracción dirigente que no necesariamente responde a los intereses del
conjunto representado, ya que se ha clausurado de alguna manera el espacio
de la crítica. En ese sentido, se debe tener presente que el espacio público
es un espacio que, por definición, está constituido a partir de “un
intercambio de opiniones entre iguales”, y que dicho espacio desaparece “en
el momento mismo en que dejase de tener sentido el intercambio, debido a que
todos tuviesen la misma opinión” (ARENDT:94). En un contexto como éste, en
el que una minoría encuentra condiciones mínimas necesarias para ocupar casi
con exclusividad el espacio público, la política, lejos de ser un espacio
democrático de igualación inicial, se convierte en la instancia necesaria
para que la diferencia - en este caso, la jerarquía social - se mantenga en
la sociedad. Por eso, ya sin condiciones objetivas que permitan
instrumentar, el intercambio de ideas, la política se reduce peligrosamente,
al dejar al hombre común como simple espectador de una escenificación de la
que se siente cada vez menos partícipe, aunque, sin embargo, sufre
conscientemente las consecuencias de las decisiones que se toman en ella.
Este es, por cierto, uno de los puntos más álgidos a resolver, ya que
refuerza la dificultad propia de toda sociedad de masas para hacer
verdaderamente pública la doxa del hombre común.
Hoy corremos el riesgo de que el estado se constituya en garante final de un
pseudo-espacio público restringido, producto de la introducción en la
política de la noción de jerarquía. Esta noción de jerarquía se proyecta,
contrariamente a lo establecido en la modernidad, en la dicotomía
específicamente política de mando-obediencia. Tanto la existencia de una
clase política cristalizada, ligada a los saberes del estado y enquistada en
organizaciones que no consiguen movilizar los consensos de modo totalmente
eficaz, como la neutralización del disenso en un contexto de expulsión por
el mercado, son ejemplos claros de la inserción de esa jerarquía, amparada
incluso en el poder del estado. De esta forma el espacio público deja de ser
simbólicamente el ágora, es decir, el lugar donde se plantean y se concilian
las diferencias que atraviesan la sociedad, para convertirse en un escenario
en el que se suceden pujas de poder muchas veces incomprensibles, sin
posibilidad por parte del hombre común de acceder realmente a las decisiones
políticas fundamentales. Dicho en otros términos, al romperse las
mediaciones que se habían establecido entre estado y sociedad se ha
instalado la imposibilidad de integrar efectivamente el disenso en el
espacio político. Y ello se traduce, en términos de política práctica, en la
aceptación tácita, por parte de la sociedad, de su propia incapacidad para
formular o para realizar propuestas alternativas, promoviendo, por ello
mismo, el abandono de lo público.
Funcional a esto resulta incluso el sentido con el que se construye desde el
neoconservadurismo el concepto de gobernabilidad, sentido que, en última
instancia, promueve la construcción de un espacio monocorde de
participación. Desde este punto de vista, y contrariamente al proceso de
diferenciación que se desarrolla en la sociedad, la gobernabilidad se
reconoce fundamentalmente por la ausencia de conflicto, es decir, por la
ausencia de diferencia, lo que lleva como presupuesto el pensar la política
como un campo de actividad completamente racional y, por consiguiente,
previsible. Lejos está el concebir este concepto de gobernabilidad en una
forma más dinámica, entendiéndolo como logro final de la construcción de
equilibrios en sí mismos inestables en los que debe basarse en todo caso la
integración racional del conflicto. Pensar lo contrario, colocando a su vez
esta instancia de gobernabilidad especialmente en el ejecutivo como
encarnación final del régimen, como sucede en el discurso neoconservador,
lleva necesariamente a contraponer la legitimidad plebiscitada en las urnas
del jefe del estado a una legitimidad teóricamente igual del Congreso, pero
que en el marco de esta concepción termina siendo considerada en la práctica
como de menor jerarquía que la primera. Y se considera de menor jerarquía
porque el Congreso es el lugar ‘natural’, si cabe el término, en el que se
manifiestan en un marco racional de articulación del conflicto, los clivajes
existentes en la sociedad.
Así, al plantear este tipo de jerarquía dentro de los órganos del estado que
deben articularse en base a un criterio de equilibrio de poderes, el
discurso hegemónico, lejos de integrar el conflicto, termina constituyendo
la diferencia en línea de demarcación de la exclusión, por lo que funda su
propio desarrollo en el presupuesto inicial de la indiferenciación. Es aquí
donde se produce el mayor distanciamiento del ciudadano común con respecto a
ese espacio público nacional, ya que de esta forma se acentúa el
decisionismo, al dar un protagonismo sustancial al jefe de estado, quien se
erige a su vez en el imaginario político como el único capaz de ‘solucionar’
el conflicto - entendido en este caso como disolvente - en la sociedad.
Pero, no obstante lo que se sostenga en el discurso, no se produce en
realidad una ‘resolución’ del conflicto, en el sentido de superación a
partir de la conciliación entre los diferentes sujetos políticos entendidos
como distintos. Por el contrario, lo que se hace es marginar la demanda
social, que se manifiesta en franca contradicción al modelo, no pudiendo así
articularse y, por consiguiente, manifestarse en el espacio público.
Por eso, si las sociedades modernas se instituyeron sobre la diversidad,
intentar anular el disenso en el espacio público no hace más que profundizar
el riesgo de marginación política al cual hoy se enfrentan sociedades como
la nuestra. Esto implica una clausura del espacio público que invalida la
construcción de un orden democrático, ya que, incluso, cualquier instancia
organizativa intermedia tiende a quedar subordinada a una lógica pura de
poder. Con una sociedad marginada de la decisión política y enfrentada al
riesgo de quedar expulsada por el mercado, sin mediaciones
institucionalizadas que permitan canalizar efectivamente las demandas
sociales, porque, además, el espacio público se ha vaciado, el poder - y,
por ende, la decisión - se concentra necesariamente en la cúspide del estado
sin que se encuentren formas efectivas para limitarlo. Por eso, mientras la
liberación de los espacios locales abre la expectativa de una mayor
democratización de la sociedad, la reducción del espacio público nacional
lleva, por el contrario, al afianzamiento del rasgo decisionista en el
ejecutivo, ya que el debate se vuelve en sí mismo innecesario.
LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO COMUN
Hasta aquí hemos descripto cómo inciden en el desencanto de la política las
dos grandes causales – las generales y las específicas – que habíamos
enunciado al principio de este trabajo. Si bien la clasificación puede
resultar limitada, ella nos permitió distinguir entre dos órdenes distintos
de problemas que, dado el tema que nos ocupa, deben ser vistos como
complementarios. Distinguimos así oportunamente entre aquellos problemas
inherentes a la forma misma de concebir la política en la Modernidad, y
aquéllos que consideramos como propios del proceso de globalización y, al
mismo tiempo, del tipo de respuesta que, hasta ahora, se ha venido
produciendo desde el estado. Con ello pretendíamos señalar la existencia de
lógicas distintas que complementariamente abonan la instancia de desilusión,
lógicas que, en el caso del segundo orden de problemas, supone una dinámica
de transformación mucho más ágil. Es básicamente en relación a estos últimos
que claramente podemos decir que, no obstante la situación que hemos
descripto, ésta nunca tiene, por la manera misma en que se construye el
espacio público, un carácter completamente definitivo. Al no haber
prohibición explícita que restrinja la esfera de la política, la posibilidad
de su revitalización y transformación siempre están presentes, constituyendo
incluso una amenaza potencial a lo que, desde la concepción conservadora, se
entiende por gobenabilidad.
Sin embargo, la participación del hombre en la política tiende a aumentar en
la medida en que el sujeto individual crea que su acción puede efectivamente
incidir de alguna manera en ella. Dicho en otros términos, la política se
vuelve un interés claro para el ciudadano común cuando siente que tiene algo
que decir y que su opinión, a pesar de las limitaciones existentes, puede
tener algún tipo de peso real, por mínimo que éste fuere, en la decisión. Se
trata en realidad de un momento muy particular, ya que de alguna manera se
han producido en el orden de lo imaginario las formas necesarias que hacen
tangible para el ciudadano el espacio común. Cierto es que estas formas no
han pasado de ser muchas veces una simple manifestación fugaz cuya
desaparición vuelve a sumir al hombre en un desencanto todavía más profundo.
Sin embargo, esta precariedad que muchas veces muestra este tipo de
construcción no debe impedir que reconozcamos que es en este plano de lo
imaginario donde se resuelve, al menos en una primera instancia, la
construcción de un espacio verdaderamente público. En ese sentido, y
particularmente en una sociedad de masas, los consensos se articulan y se
mantienen siempre sobre algún tipo de construcción social imaginaria, a la
que deberá agregarse a su vez la constitución de símbolos y la
institucionalización de prácticas a partir de las cuales se articula
verdaderamente la sociedad. Lograr efectivamente esto es lo que permitiría
suturar el hiato entre estado y sociedad, hiato que favorece el
extrañamiento del hombre común.
Nos ubicamos así en un terreno muy peculiar, ya que debemos incursionar en
el ámbito de las creencias y en cómo éstas operan en el plano de la
política. Una sociedad siempre registra en su seno creencias de todo tipo,
incluso contradictorias, que se relacionan de manera altamente compleja con
el mundo objetivo, entendiendo por tal aquello que se nos impone como dato.
Es en este terreno en el que se define realmente la mayor o menor
precariedad de los logros conseguidos y, por consiguiente, la estabilidad de
todo régimen. Pero si bien toda creencia requiere de condiciones materiales
para poder desarrollarse y difundirse en una sociedad, la carencia de esas
condiciones no necesariamente significa el fin inmediato de la creencia.
Esto en parte es lo que ocurre con la imagen recurrente del estado
keynesiano, hoy en crisis, como forma de solución de los problemas que
atraviesan la sociedad. En última instancia, toda práctica concreta se
define en un espacio de intersección entre la preferencia valorativa del
sujeto, las intencionalidades que lo movilizan, los escenarios presentes y
futuros que son imaginados y la conceptualización a partir de la cual,
consciente o inconscientemente, el hombre da sentido al mundo circundante.
Es en este contexto que debemos dar respuesta a la conformación de nuevas
identidades políticas - lo que supone a su vez generar un nuevo paradigma de
legitimación - que permitan al hombre común recuperar su perdido lugar en el
mundo, dando nuevo sentido tanto a su vida individual como a su vida
colectiva. Se trata, en verdad, de un tipo de construcción compleja que
exige una permanente interacción entre la aprehensión intelectual del
sujeto, por un lado, y el mundo objetivo que lo condiciona, por el otro,
interacción que establece una continua resignificación del pasado, pero
siempre a partir de las exigencias del propio presente. Cada sociedad busca
así dar sentido a su propia realidad política de una manera que resulta
siempre azarosa y original, y que marca los límites y alcances de cada orden
político concreto. El nuevo escenario de la política exige hoy la
conformación en el espacio nacional de un nuevo tipo de ciudadanía, en tanto
que abstracción de una forma de unidad dinámica que contenga en su interior
instancias de diferenciación, lo que permitiría constituir y legitimar a su
vez nuevas formas organizativas[5] que garanticen un nuevo espacio común de
convivencia. De otra forma difícilmente el hombre común querrá insertar su
voz, recluyéndose en su mundo privado, ya que se le ha expropiado el espacio
real de decisión, matando así la política. Y un espacio público que se niega
por no insertar todas las voces, no elimina los efectos de la opinión del
ciudadano, aunque sí introduce un hiato peligroso que niega la política como
instancia pacífica de resolución de conflictos.
A MODO DE CONCLUSIÓN
A lo largo de nuestro trabajo hemos intentado mostrar que el actual
desencanto que caracteriza a estas sociedades de fin de siglo reconoce en
realidad causas de origen distinto. Dentro de ellas, las que se nos aparecen
de forma inmediata remiten directamente a las grandes transformaciones que
se vienen operando a raíz del proceso de globalización. Con la quiebra del
estado keynesiano se ha generado un proceso de fragmentación y de
diferenciación en la sociedad que al menos ha fisurado las identidades
existentes, razón por la cual hoy existe una clara dificultad para articular
consensos sólidos y duraderos en la sociedad. Pero existen también otras
causas, más mediatas, que abonan esta situación. En ese sentido, la forma en
que se articuló la política en la Modernidad favorece por sí misma el
extrañamiento del hombre común. El desafío que, desde entonces, se plantea a
la política es el de encontrar la forma de convertir la doxa del simple
ciudadano en una doxa verdaderamente pública. Pero el problema se agravó
todavía más con el advenimiento de la sociedad de masas. En ese momento, la
aparición de la organización planteó cuestiones que todavía se mantienen
incluso hoy.
Ya los autores de este período denunciaron el carácter dilemático que tiene
toda organización. Y lo calificamos de esta forma porque, pensada como
instrumento para insertar la voz del hombre común en el espacio público, la
interferencia de la organización en la relación estado-ciudadano lleva a
quitarle la voz, al constituirse ella en el sujeto político real. Es aquí
donde incluso se promueven distintos niveles de desilusión que serán más o
menos extensos y agudos según las circunstancias objetivas que lo rodeen.
Por eso, este tipo de sociedades tiende a oscilar entre momentos de gran
politización y otros en los que se difunde la desilusión. Hoy, en ese
sentido, nos encontramos en este segundo momento. Pero no se trata de una
etapa más dentro de un ciclo que se caracteriza por subas y bajas. Con la
quiebra del estado keynesiano y, con ello, de las identidades que a partir
de él se articulaban, se puso también en crisis el modo particular de
solución que el siglo XX diera al problema de la integración de las masas al
estado.
En este contexto, la respuesta que aparece desde el neoconservadurismo
tiende a favorecer todavía más los espacios de neutralización o, incluso, de
despolitización, por ser una instancia necesaria para consolidar a la elite
en el poder. Pero si bien se produce un vaciamiento del espacio público, al
no instituirse a través de la simple prohibición del estado, siempre deja
abierta la posibilidad de su reactivación. En parte esto es lo que podemos
apreciar en el caso de los espacios locales. Sin embargo, el problema mayor
se presenta en el espacio nacional, ya que el extrañamiento del hombre común
se hace aquí más notorio y, a la vez, más peligroso. Esta dificultad por
suturar el hiato estado-ciudadano - hiato que se reproduce en las mismas
formas de organización, también en crisis – nos coloca ante el riesgo de
cristalizar en la política una jerarquía antimoderna, además de hacer
evidente la precariedad de los consensos. En última instancia, lo que está
en juego no es otra cosa que la legitimidad misma del estado.
En ese sentido, nos encontramos en una situación similar a la que afrontara
la incipiente sociedad de masas al momento de su institución. Por eso
creímos importante analizar las causales del desencanto remontándonos a cómo
se habían instituido la política y la participación en ese momento. A lo
largo del trabajo hemos tratado así de mostrar que todavía subsisten muchas
de las cuestiones que introdujo ese tipo de sociedad, si bien la respuesta
particular que dio el siglo XX ha llegado a su fin. No se trata de eliminar,
por ejemplo, las organizaciones, dado el dilema que nos imponen. Incluso,
tampoco sería deseable que esto ocurriera, ya que son ellas las que
facilitan la inserción de la voz del hombre común en el espacio público. Sin
embargo, las advertencias que formularan los autores de principios de siglo
no pueden dejarse de lado. Ellas deberían permitirnos, por el contrario,
pensar la organización, no como un instrumento de poder que termina
independizándose de sus creadores, sino como instancias de participación en
los que se inserte lo diferente sin la pretensión de homogeneizarlo.
Probablemente sea esta revalorización de la diferencia que se ha operado hoy
a partir de la globalización lo que permita pensar una nueva forma de
articulación de la organización.
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· Investigadora- Escuela de Ciencia Política. Consejo de Investigación.
Universidad Nacional de Rosario.
[1] Más recientemente Lechner, por ejemplo, influencia por la teoría de
Mosca, ha retomado este mismo motivo acuñando el concepto de “minoría
consistente”.
[2] Generalmente se piensan estas formas carismáticas de dominación en un
sentido negativo, influenciados sobre todo por la historia trágica del siglo
XX, y no en el sentido neutro que le damos nosotros. Pero si bien, a los
efectos del presente trabajo no nos interesa ahondar en esta cuestión, ya
que hacerlo supondría alejarnos del eje de nuestra reflexión, baste señalar
que Weber, por ejemplo, claramente distingue en estos casos dos tipos
distintos de rutinización, una autoritaria y otra antiautoritaria.
[3] Nos referimos aquí a una tendencia general que se manifiesta de formas
muy diversas, formas que en principio no tienen por que ser abiertamente
conflictivas. En ese sentido, y tal como ya hemos desarrollado en trabajos
anteriores, el afloramiento de particularismos y localismos puede ser tanto
la manifestación de un proceso de diferenciación de la sociedad – proceso
que, adecuadamente contenido por la política, contribuye a su
diversificación -, como de una fragmentación que opone inconciliablemente
entre sí a las partes que de ella surjan. Todo depende de una serie de
factores que remiten, entre otras cosas, a la historia concreta de esas
sociedades y al grado de dificultad que encuentran hoy para poder
reacomodarse ventajosamente en el nuevo escenario mundial.
[4] El motivo que describimos aquí no es, en realidad, muy novedoso. En ese
sentido, toda la reflexión política en torno al estado se ha visto siempre
surcada por una tensión permanente entre lo general y lo particular, es
decir, entre los momentos extremos de unidad indiferenciada y de diferencia
atomizadora, propios ambos de la construcción de todo orden político.
Bobbio, por ejemplo, señala cómo este motivo referido a la contraposición
entre lo particular y lo general se ha reiterado constantemente a lo largo
de la reflexión política: “uno de los rasgos sobresalientes de la literatura
política, no importando la parte de donde provenga dentro del diseño
constitucional, es la queja sobre el predominio de los intereses
individuales de grupo sobre los generales, y la denuncia del
"particularismo" (la categoría del "particularismo" recorre toda la historia
del pensamiento político con un signo negativo, bajo las dos formas
concretas de la "facción" y de la "corporación"), es la proclamación de la
superioridad del interés colectivo o nacional, que por lo demás ninguno es
capaz de definir con precisión, salvo redefiniendo el interés nacional como
el de la propia parte; en fin, es la constatación de que, predominando los
intereses particulares sobre los generales, lo "privado" sobre lo "público",
no existe ya el Estado, entendido precisamente de acuerdo con la doctrina
tradicional, como la unidad del todo, sino un conjunto de partes una junto a
otra amontonadas (la metáfora del montón de piedras para representar la
antítesis de una unidad orgánica es de Hegel)." (BOBBIO,1989:106)
[5] La mediación específicamente política entre estado y sociedad es, sin
lugar a dudas, el partido político entendido en un sentido genérico, ya que
entendemos que debe revisar necesariamente tanto su forma de organización
como las concepciones políticas que se derivan específicamente de aquélla.
Incluso, entendemos que podrían surgir otras formas organizativas que
movilicen a la sociedad en torno a cuestiones políticas que no tendrían por
qué reconocer una pertenencia partidaria específica.
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